El sector eléctrico ha exigido una normativa más estricta que permita combatir el fraude eléctrico, tanto el actualmente creciente vinculado a la producción de marihuana como el industrial y el doméstico, y que penalice la reincidencia.
En una jornada organizada por Enerclub, el director general de Redes de Endesa, José Manuel Revuelta, consideró que el sistema legal existente actualmente en España es más laxo que el de otro países vecinos respecto al fraude eléctrico y, además, la reincidencia «está completamente normalizada». «Somos una anomalía completa. Hablamos mucho de normalizar nuestras normas a la normativa europea. Bueno, pues normalicemos ésta», dijo.
Además, respecto a la reincidencia, consideró que existen fraudes que «a las seis o diez horas están otra vez recuperados» y subrayó que, si no se es capaz de hacer algo al respecto, «esto va ir a peor».
Y es que el directivo de Endesa advirtió de que hay que tener en cuenta que, además de la merma económica que representa, el fraude eléctrico «mata», ya que existen instalaciones manipuladas, con el riesgo que representa de incendios en edificios.
«Es difícil dar datos oficiales sobre qué mortalidad está dando. En Cataluña, por ejemplo, hemos logrado rastrear 20 muertos asociados a esto en los últimos años, y son muertos que no han estado asociados fundamentalmente a plantaciones grandes de marihuana, son asociados a manipulaciones domésticas», aseguró.
Además, en el caso del fraude vinculado a la marihuana, advirtió de que se está viendo cómo está ya «profesionalizado». Esto no va de pequeños productores, esto va de bandas cada vez más violentas», afirmó al respecto, defendiendo además el esfuerzo por parte del sector, que tiene que destinar mucha mas inversión a estas zonas afectadas por el fraude.
NORMATIVA «BASTANTE OBSOLETA».
En la misma línea, el responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola), Álvaro Ryan, consideró que falta «desarrollo normativo» para abordar este fraude eléctrico, ya que la legislación actual es «bastante obsoleta» al estar vigente desde el año 2000.
«Hay que, a nuestro juicio, avanzar y completar toda la legislación relativa al procedimiento administrativo para combatir el fraude», dijo el directivo.
Además, según sus estimaciones, cada 1% de fraude eléctrico acarrea un coste para el resto de consumidores de unos 350 millones de euros que, con otros 90 millones de euros en pérdidas en impuestos, suman unos 440 millones de euros anuales.
Por su parte, el director de Gestión de Accesos y Clientes de EDP, Jesús Fernández López, alertó de que el fraude eléctrico es «peligroso para las personas en todos los ámbitos geográficos», tanto el dirigido a la producción de marihuana como en el doméstico.
A este respecto, el director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD (Naturgy), Juan José Picón, apuntó que, más allá del propio delito de fraude eléctrico, el tema de seguridad en este problema concreto se da en el hecho de que existen instalaciones «manipuladas», con la situación de riesgo y de seguridad «clarísimo» que esto representa, que no pueden ser revisadas de acuerdo con la normativa.
«Hay operaciones de mantenimiento que tanto nuestro personal como el personal contratado tiene que realizar en determinados puntos de la red donde es imposible que ellos puedan acceder si no es acompañados de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, porque de otro modo es imposible acceder allí», dijo.
«UN CAMBIO» EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRAUDE ELÉCTRICO.
Por su parte, el director general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Carlos Redondo, manifestó que el fraude eléctrico en estos últimos años ha registrado «un cambio» y ha sufrido «un incremento de esta problemática y una transformación de la misma».
En este sentido, apuntó al aumento del fraude asociado al cultivo de marihuana, que «está causando problemas muy grandes en el suministro de energía eléctrica» y que, además de la perdida que representa en el sistema, ya que nadie paga ese suministro, está dañando las infraestructuras.
Mientras, la secretaria general de ASEME, Irene Bartol, indicó que el fraude eléctrico es un problema que «afecta absolutamente a todos» -eléctricas, sistema eléctrico o Hacienda Pública-, por lo que pidió «campañas de concienciación social» para combatirlo.
«El lema de Hacienda somos todos, lo tenemos todos claro en nuestra memoria desde hace muchos años. ¿Por qué no hacemos campañas de concienciación social y no lo dejamos en manos de las empresas energéticas, sino también de la Administración, insistiendo en este aspecto?», se cuestionó.
Las eléctricas reclaman una normativa más estricta de cara a luchar contra el fraude eléctrico y su reincidencia
