El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposión de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a frenar la reduflación y obligar a las empresas a informar al consumidor si se reduce un producto y se mantiene el mismo precio.
En concreto, los socialistas proponen incluir un nuevo apartado en el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obligue a informar a las personas consumidoras cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones en su envase.
«De este modo se evita que la persona consumidora pueda percibir que mantienen su contenido habitual aquellos productos preenvasados cuya cantidad ha disminuido, garantizando de este modo que puedan tomar decisiones óptimas sobre sus intereses», defiende el PSOE en la iniciativa.
En este sentido, apunta que se deberá informar al consumidor «de forma clara y comprensible» siempre que se reduzca la cantidad del producto y esta se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, y se indicará «de forma legible y visible» en el punto de venta final. Además, explica que deberá hacerse en un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.
En esta línea, destaca que, según un estudio publicado por la consultora IPSOS en noviembre de 2023, el 54% de las personas consumidoras en España han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana, principalmente en snacks, pan, pasta, arroz, dulces y comida precocinada. En el citado estudio, realizado en un total de treinta y tres países, seis de cada diez consumidores españoles ven esta práctica como inaceptable, lo que sitúa a España entre los países europeos más críticos después de Francia (67%), Suecia (63%) y Países Bajos (61%), que comparte porcentaje con España.
También añade que, en España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llegó a denunciar esta práctica ante la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), y ha llevado a cabo una campaña de información y denuncia por considerar que se trata de subidas de precios encubiertas.
