El Ministerio de Economía ha confirmado que el plan fiscal enviado por el Gobierno a la Comisión Europea (CE) contiene el compromiso de mantener el impuesto extraordinario a los beneficios de banca y energéticas, conocido popularmente como ‘impuestazo’. Con este órdago, el Ejecutivo se expone de nuevo al choque con gigantes como Repsol y pone en la cuerda floja miles de millones en inversiones.
El pasado martes, Carlos Cuerpo, titular de la cartera de Economía, confirmó que uno de los ejes principales de la ‘hoja de ruta’ económica y tributaria comunicada a Bruselas es hacer permanente este muy controvertido gravamen. Este nuevo Plan Fiscal y Estructural de medio plazo se ha redactado en cumplimiento del nuevo marco de gobernanza económica y fiscal establecido por la Unión Europea (UE).
LA PERMANENCIA DEL GRAVAMEN EXTRAORDINARIO A BANCA Y ENERGÉTICAS FORMA PARTE DEL NUEVO PLAN FISCAL ENVIADO A LA COMISIÓN EUROPEA
Con una duración de cuatro años, el plan establece un conjunto de líneas generales para compatibilizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal, de modo que sea posible seguir reduciendo el déficit público y la ratio deuda-PIB. Entre otras medidas, establece una senda de crecimiento medio del gasto primario neto del 3% durante los próximos siete años, para cumplir con las nuevas reglas.
Asimismo, se proyectan un conjunto de reformas con impacto macroeconómico y fiscal a medio y largo plazo, orientadas a impulsar el crecimiento económico y reforzar la sostenibilidad fiscal.
EL AVISPERO DEL ‘IMPUESTAZO’
El ‘impuestazo’ a banca y energéticas ha sido motivo de fricción entre el Ejecutivo y las grandes compañías de ambos sectores durante años. Aprobado para los ejercicios 2023 y 2024 en el marco de las medidas extraordinarias para atenuar la crisis energética, fue concebido como un gravamen temporal, aunque acabó prorrogándose, lo que despertó la ira de empresas como Endesa y Repsol.
El CEO de está última, Josu Jon Imaz, llegó a amenazar con retirar las inversiones de la petrolera en nuestro país si el tributo no era revocado.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el respaldo de Pedro Sánchez, inició una guerra dialéctica con Imaz y otros directivos ‘rebeldes’, acusando al consejero delegado de Repsol de «retardismo» y «negacionismo» respecto al cambio climático. Finalmente, la sangre no llegó al río y el Gobierno inició una ronda de conversaciones con las compañías con ánimo de llegar a un acuerdo.
EL SECTOR ENERGÉTICO, QUE ESTABA NEGOCIANDO CON EL GOBIERNO LOS TÉRMINOS DE LA DESAPARICIÓN DEL ‘IMPUESTAZO’, SE ENCUENTRA AHORA CON EL PEOR ESCENARIO PARA SUS INTERESES
En la actualidad, el sector, que ya daba por desahuciado el ‘impuestazo’, ve ahora como se dibuja el peor escenario para sus intereses. Este mismo septiembre, el propio Imaz afirmó que «cuanto antes desaparezca, más conseguiremos acelerar las inversiones».
Sin exhibir una dialéctica tan beligerante, Endesa siempre se ha presentado como víctima de la polémica tasa. En 2023, obtuvo un beneficio neto de 742 millones de euros, lo que representa una caída del 71% con respecto a las ganancias de 2.541 millones de euros del ejercicio anterior. La eléctrica achacó el adelgazamiento de los balances a la menor presencia de extraordinarios, explicando que, mientras que en 2022 el grupo registró las plusvalías de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz Enel, el año pasado sufrió el impacto del gravamen especial del Gobierno a las energéticas.
Fue precisamente el consejero delegado de la compañía, José Bogas, quien el pasado febrero desveló los términos de la negociación que estaba llevando a cabo el sector con el Gobierno de Pedro Sánchez: «Si invertimos en descarbonización, mitigarán el impacto del gravamen», dijo.
