Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), junto a Ceuta y Melilla, se han unido en un frente común para denunciar la ineficacia de la Ley de Vivienda del Gobierno central y defender su autonomía en la gestión de esta problemática. Rechazan la imposición de «zonas tensionadas» y la amenaza de recorte de fondos, proponiendo el diálogo y la colaboración como vía para solucionar la crisis habitacional. Acusan al Ejecutivo de Sánchez de agravar el problema de la vivienda, disparando los precios del alquiler y la okupación.
El PP rechaza la imposición de «zonas tensionadas»
Las comunidades autónomas lideradas por el PP han mostrado su firme oposición a la declaración de «zonas tensionadas» en sus territorios, una medida clave de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central. Argumentan que la intervención en los precios del alquiler no es la solución, sino que, por el contrario, agrava la situación al reducir la oferta y encarecer aún más los alquileres. Consideran que esta decisión es potestativa de cada comunidad autónoma y defienden su derecho a gestionar la política de vivienda de acuerdo con las necesidades específicas de cada región. Exigen respeto a la autonomía regional y critican la «imposición ideológica» del Gobierno en esta materia.
Además, las autonomías populares denuncian la «amenaza y el chantaje» del Gobierno de retirar fondos estatales a aquellas comunidades que no se adhieran a la Ley de Vivienda. Consideran que esta medida es un acto de discriminación política y un uso partidista de los recursos públicos, que deberían distribuirse de forma equitativa entre todas las regiones, independientemente de su color político. Reclaman un reparto justo de los fondos y un diálogo constructivo para abordar la problemática de la vivienda de manera conjunta y eficaz.
La Ineficacia de la Ley de Vivienda y la Necesidad de Soluciones Reales
Las comunidades gobernadas por el PP acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de haber agravado la crisis de vivienda en España. Señalan que, durante su mandato, el problema de la vivienda ha escalado posiciones en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, pasando del puesto 16 al segundo. Critican la falta de medidas efectivas para combatir la situación inmobiliaria, el incremento desorbitado de los precios del alquiler, y el aumento de la okupación.
Cuestionan la eficacia de la Ley de Vivienda, argumentando que, desde su entrada en vigor en mayo de 2023, el precio de los alquileres ha experimentado un aumento considerable, cerca del 13%. Añaden que, desde junio de 2018, el incremento total ha sido del 32%, convirtiendo el acceso a la vivienda en un lujo para muchos ciudadanos. Instan al Gobierno a abandonar la unilateralidad y a apostar por el diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas para encontrar soluciones reales a la crisis habitacional.
El problema de la okupación también es un punto clave en la crítica de las comunidades del PP. Cifran en 78.800 las viviendas okupadas en España, una cifra alarmante comparable a la población de ciudades como Toledo o Guadalajara. Exigen al Gobierno medidas contundentes para combatir este fenómeno y proteger el derecho a la propiedad privada.
