La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afronta una semana clave a cuenta de la conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana que se celebrará este jueves 3 de octubre con la presencia de representantes de las autonomías.
No corren buenos tiempos para la exportavoz del Gobierno por la creciente percepción de la ciudadanía respecto a la imparable subida del precio de los alquileres y las dificultades para adquirir vivienda. El CIS de junio, y recientes estudios demoscópicos encargados por los ayuntamientos de Barcelona y San Sebastián, evidencian la preocupación (que puede derivar en el el hartazgo de la sociedad ante la falta de respuestas eficaces por parte de las administraciones públicas respecto a este problema).
Otro estudio, ‘Situación de la vivienda en España. Una visión holística’, del Consejo General de la Arquitectura Técnica en España, evidencia que casi el 40% de la población ha sentido angustia por la posibilidad de ser desahuciado, perder su vivienda o, en el caso de los jóvenes, verse obligados a volver a casa de sus progenitores.
CRECEN LAS CRÍTICAS CONTRA ISABEL RODRÍGUEZ
La decisión de Rodríguez de apelar a «la solidaridad» de los caseros para frenar la subida de los precios del alquiler ha provocado una generalizada ola de críticas liderada por formaciones de la oposición como Podemos.
Los morados recuerdan que la mayoría de consistorios gobernados por el PSOE no han pedido la declaración de zonas tensionadas, ni tampoco lo han hecho algunas autonomías gobernadas por el partido de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
El problema de la vivienda, de origen multifactorial, está en un puesto privilegiado del radar de las preocupaciones de La Moncloa. En el Gobierno todos los ojos están puestos en Cataluña, ya que el precio del alquiler cayó entre un 3% y 5% en los 2 primeros trimestres de 2023.
El dato se toma con prevención, pero a nadie se le escapa que la caída se produjo después de que la Generalitat de Catalunya, acogiéndose a la ley de Vivienda, declarase zona tensionada a 140 municipios (que abarcan más del 80% de la población). Esta cifra se incrementó este verano a 271 municipios, con lo cual se alcanzó más del 90% de la población catalana.
La declaración de zona tensionada puede pedirse si la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, supera el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
O que el precio de alquiler o compra de la vivienda haya experimentado los cinco años anteriores a la declaración como área tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de la comunidad autónoma.
En los municipios que se declaren como zona tensionada, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato; y cuando se trata de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio de alquiler.
CONFERENCIA SECTORIAL
Rodríguez afronta este jueves la nueva conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se continuarán los trabajos del próximo Plan Estatal de Vivienda y la siguiente convocatoria del Bono Alquiler Joven. Según la ministra, la convocatoria servirá para marcar los «próximos hitos de futuro».
«Nos vamos a ver con las comunidades autónomas dando respuesta a esa necesaria lealtad que clama la constitución española, donde el Estado participa en el diseño de las políticas públicas de vivienda en nuestro país y de buen modo las está financiando en el conjunto de las comunidades autónomas», anunció el mes pasado.
Fuentes gubernamentales no descartan que Rodríguez intente dar un golpe de efecto por la necesidad gubernamental de revulsivos de forma de anuncios.
Harina de otro costal resultó la última conferencia, celebrada en el pasado mes de marzo. Entonces, con el PP menos tenso respecto a Pedro Sánchez, se ratificó por unanimidad el acuerdo sobre los criterios de reparto y la distribución de 430 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas.
La ministra, encantada con la postura de las regiones gobernadas por el PP, aseguró que el acuerdo fue una demostración de la «leal colaboración interadministrativa del Gobierno de España y las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyo principal objetivo es conseguir que nuestras ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a unas viviendas dignas, adecuadas y asequibles».
