Francia se plantea aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas. El nuevo Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, está estudiando la posibilidad de implementar un incremento temporal del impuesto de sociedades para las compañías con mayor facturación y gravar las recompras de acciones. Esta medida se enmarca en una estrategia para equilibrar las cuentas públicas y afrontar el creciente déficit presupuestario.
Un posible incremento del 8,5% en el Impuesto de Sociedades para grandes corporaciones
Según fuentes cercanas al Elíseo, el incremento del impuesto de sociedades podría ser de 8,5 puntos porcentuales para las empresas con una facturación anual superior a los 1.000 millones de euros. El objetivo de esta medida es recaudar aproximadamente 8.000 millones de euros en 2025. Se trata de una decisión significativa que afectaría a importantes compañías, tanto francesas como extranjeras con fuerte presencia en el país.
Entre las empresas del índice Eurostoxx 50 que se verían afectadas, se encuentran gigantes como Vinci, BNP Paribas, Société Générale, TotalEnergies, Kering o Airbus. Además, esta medida también tendría impacto en empresas españolas con importantes inversiones en Francia, como ACS, a través de su participación en Abertis, que opera autopistas en el territorio francés.
La gravación de las recompras de acciones es otra de las medidas que el Gobierno francés está considerando. Esta práctica, habitual en muchas grandes empresas, consiste en la readquisición de sus propias acciones en el mercado. Con esta medida, el Ejecutivo busca desincentivar esta práctica y redirigir esos recursos hacia la inversión productiva, contribuyendo así a la dinamización de la economía francesa.
El reto del déficit público: un contexto de urgencia para el nuevo Gobierno
El Gobierno de Barnier se enfrenta a un importante desafío: reducir el déficit público francés, que se prevé que alcance el 5,6% del PIB en 2024 y el 6,2% en 2025. Estas cifras, superiores a las previsiones del anterior Gobierno (que anticipaba un 3% para 2027), se deben a una combinación de ingresos fiscales inferiores a lo esperado y un aumento del gasto público.
La situación se complica aún más por la ausencia de una mayoría legislativa para el Gobierno de Barnier. Esto significa que el primer ministro tendrá que negociar y alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar los presupuestos.
La urgencia de la situación es palpable. El Ejecutivo francés debe presentar un borrador de presupuestos en los próximos días para su posterior remisión al Parlamento, a más tardar a mediados de octubre. Este ajustado calendario añade presión a las negociaciones y a la toma de decisiones.
El aumento del impuesto de sociedades y la gravación de las recompras de acciones son medidas que, si bien pueden generar controversia, se presentan como herramientas clave para sanear las cuentas públicas francesas. El Gobierno de Barnier confía en que estas medidas, junto con otras políticas económicas, permitan reducir el déficit y estabilizar la economía francesa en un contexto de incertidumbre económica global. El impacto de estas medidas en la inversión, el crecimiento económico y el empleo será objeto de un intenso debate en las próximas semanas.
Además de estas medidas fiscales, se espera que el gobierno francés implemente políticas de control del gasto público y fomente la inversión en sectores estratégicos como la transición ecológica y la digitalización. Estas acciones buscan no solo reducir el déficit, sino también impulsar el crecimiento económico sostenible a largo plazo. El éxito de estas políticas dependerá de la capacidad del gobierno para generar confianza en los inversores y mantener la estabilidad social.
La respuesta de las empresas afectadas y de los mercados financieros será un factor determinante en el desarrollo de esta estrategia. Es posible que algunas empresas decidan reducir sus inversiones en Francia o trasladar su sede social a otros países con una fiscalidad más favorable. Por otro lado, la recaudación efectiva de los nuevos impuestos dependerá de la eficacia de los mecanismos de control fiscal y de la capacidad del gobierno para evitar la elusión fiscal.
