El Gobierno ha decidido retirar la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, cuya votación estaba prevista para este jueves en la Cámara Baja. Esta decisión se debe a la falta de apoyos suficientes para su aprobación, tras el fracaso en las negociaciones con Junts para obtener su voto favorable a los objetivos de estabilidad presupuestaria. El Ejecutivo busca ganar tiempo para alcanzar un pacto que beneficie a todas las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.
Evitar un recorte millonario en el margen fiscal de las CCAA
El principal motivo del retraso en la tramitación es la búsqueda de un acuerdo que evite un grave perjuicio económico a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos. De no aprobarse la senda de estabilidad, estos perderían casi 12.000 millones de euros de margen presupuestario, según advierte el Gobierno.
Esta senda, avalada previamente por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, propone flexibilizar los objetivos de déficit para las CCAA y los Ayuntamientos en 2025 y 2026. El mayor margen generado sería asumido por la Administración Central, que se encargaría de realizar un mayor esfuerzo en la reducción del déficit:
- 2,2% en 2025
- 1,8% en 2026
- 1,5% en 2027
Por su parte, el objetivo de déficit para:
- Comunidades Autónomas: 0,1% en 2025, 2026 y 2027.
- Ayuntamientos y corporaciones locales: Equilibrio presupuestario (0%) en 2025 y 2026.
Deuda pública y techo de gasto
La senda de estabilidad también establece objetivos para la reducción de la deuda pública:
- Administraciones públicas: 103,6% del PIB en 2025, 101,8% en 2026 y 99,7% en 2027.
- Comunidades Autónomas: 20,8% del PIB en 2025, 20% en 2026 y 19,4% en 2027.
- Ayuntamientos: 1,3% en 2025 y 2026, y 1,2% en 2027.
En cuanto al límite de gasto financiero o «techo de gasto», que no requiere votación, se ha fijado en 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos europeos. Este límite incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros, un 7% más que en los Presupuestos de 2023, permitiendo a la Seguridad Social un déficit del 0,25% en los próximos tres años.
