En un escenario de creciente preocupación por la desigualdad y la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas, el sindicato ELA ha planteado una propuesta audaz y vanguardista para el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el País Vasco y Navarra. Esta iniciativa, basada en un exhaustivo análisis y una visión de justicia social, busca vincular directamente el ingreso mínimo de los trabajadores con la riqueza generada en esta región.
La propuesta de ELA se sustenta en el principio de que «toda persona asalariada debe percibir como mínimo un porcentaje del valor generado por el conjunto de la sociedad». En este sentido, el sindicato plantea que el SMI en Euskal Herria equivalga al 65% del Producto Interior Bruto (PIB) nominal per cápita, lo que significaría un salario mínimo de 1.795 euros brutos mensuales para 2024. Esta cifra, cercana a los estándares de países como Bélgica y Alemania, busca garantizar a los trabajadores una remuneración acorde con la prosperidad económica de la región.
Una Iniciativa de «Soberanismo Social»
El sindicato ELA ha anunciado que impulsará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en los próximos meses, con el objetivo de solicitar a los parlamentos vasco y navarro que exijan la transferencia de competencias necesaria para poder fijar un Salario Mínimo Interprofesional propio en Euskal Herria. Esta estrategia, definida como un «ejercicio de soberanismo social», busca interpelar a los partidos políticos que defienden el autogobierno de la región, apelando a su responsabilidad en la reivindicación de estas competencias.
Según el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, la propuesta de SMI «supone un modo de repartir más justamente la riqueza» y tendría «consecuencias positivas» en la recaudación de las haciendas vascas y navarra, ya que «la mayoría viene de los salarios de los trabajadores». Asimismo, se estima que unos 300.000 trabajadores se beneficiarían de esta medida, especialmente aquellos en sectores más precarios, como los servicios y los cuidados.
Desafíos y Oportunidades
La implementación de este nuevo SMI basado en el PIB nominal per cápita enfrenta un obstáculo competencial, ya que actualmente la competencia para fijar el salario mínimo recae en el Estado español. Por ello, ELA ha dejado claro que la «vía del acuerdo interprofesional» con la patronal presenta dificultades, debido a la posición «no favorable» de los empresarios a este tipo de propuestas.
Sin embargo, Lakuntza ha señalado que ELA quiere «interpelar a la patronal, pero también a los partidos políticos», ya que estos tienen una «responsabilidad directa» a la hora de reivindicar la competencia para establecer un SMI propio. En este sentido, el sindicato confía en que «aquellos partidos que defienden el ámbito vasco de decisión tienen difícil decir no» a una propuesta tan ligada a la soberanía y el autogobierno de Euskal Herria.
Así, la iniciativa de ELA representa una oportunidad para avanzar en una agenda de justicia social, arraigada en las particularidades y la riqueza de la economía vasca. Al vincular directamente el salario mínimo con la prosperidad regional, la propuesta busca garantizar que los trabajadores se beneficien de manera más equitativa de los frutos del desarrollo económico, consolidando un modelo de bienestar enraizado en las aspiraciones de soberanismo social de la comunidad.
