En un fallo trascendental, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que la normativa húngara que establece precios y cantidades predefinidos para la venta de ciertos productos agrícolas básicos vulnera el principio de libre competencia. Esta decisión sienta un precedente importante en la defensa de los mecanismos de mercado en el sector agroalimentario de la UE.
Medidas Gubernamentales Impuestas en Hungría
El gobierno de Hungría, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y posteriormente por la guerra en Ucrania, implementó en 2022 un decreto que regulaba la comercialización de diversos productos agrícolas esenciales, entre ellos azúcar, harina de trigo, aceite de girasol, carne de cerdo y aves, leche, patatas y huevos. Esta normativa obligaba a los distribuidores a vender estos productos a precios y cantidades predefinidos, bajo amenaza de multas.
Vulneración de la Libre Competencia
Según el fallo del TJUE, estas medidas impuestas por Hungría vulneran el principio de libre competencia, al impedir que los distribuidores actúen libremente en base a consideraciones económicas. El Tribunal ha determinado que las restricciones impuestas «no son proporcionadas» para lograr los objetivos de combatir la inflación y proteger a los consumidores desfavorecidos mediante el suministro garantizado de alimentos básicos a precios asequibles.
Implicaciones y Lecciones Aprendidas
Esta sentencia del TJUE sienta un precedente importante en la defensa de la libre competencia en el sector agroalimentario de la UE. Si bien los Estados miembros pueden adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis, estas deben respetar los principios fundamentales del mercado único europeo. Hungría deberá ahora ajustar su normativa para cumplir con la sentencia del Tribunal, lo que podría tener un efecto dominó en otros países que hayan implementado medidas similares.
En resumen, el fallo del TJUE representa una clara victoria para la libre competencia y el funcionamiento de los mecanismos de mercado en el sector agrícola de la Unión Europea. Esta decisión envía un mensaje contundente a los gobiernos sobre los límites de su intervención en los procesos de comercialización de productos agrícolas, en aras de preservar la integridad y el adecuado funcionamiento del mercado único.
