La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso un innovador acuerdo de pensiones alcanzado con sindicatos y patronal. Este pacto tiene como objetivo principal diseñar un nuevo marco regulador que permita compatibilizar el trabajo y la pensión, evitando así una salida abrupta del mercado laboral. La propuesta surge como respuesta a una anomalía que España presenta en comparación con otros países: la falta de una transición gradual hacia la jubilación.
El acuerdo, firmado el pasado 31 de julio en la mesa del diálogo social con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, se basa en tres pilares fundamentales: la mejora de la compatibilidad entre pensión y trabajo, la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en actividades de elevada peligrosidad, y el aprovechamiento más eficiente de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos. Este pacto viene a complementar y perfeccionar aspectos que no pudieron abordarse en las reformas de pensiones de 2021 y 2023, impulsadas por el predecesor de Saiz y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Un nuevo marco para la jubilación gradual
El nuevo marco regulador establece una serie de porcentajes de pensión que se podrán percibir mientras se trabaja, basados en los años de demora en la jubilación. Estos porcentajes van desde un 45% de la pensión con un año de demora, hasta el 100% con cinco años de demora. Esta medida busca incentivar la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, fomentando así una transición más suave hacia el retiro.
Además, se ha acordado una nueva regulación de la jubilación parcial y de la jubilación activa para hacerlas más atractivas. En el caso de la jubilación parcial, se amplía de dos a tres años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada. También se mejoran las condiciones del trabajador relevista, cuya contratación deberá ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable.
Un punto importante del acuerdo es la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 aplicable al tiempo cotizado para los contratos fijos discontinuos. Esta medida evita perjuicios para esta modalidad contractual que alterna periodos de trabajo con periodos de inactividad, garantizando así una mayor protección para estos trabajadores en el cálculo de sus pensiones.
Mejoras en la jubilación demorada y coeficientes reductores
El acuerdo también contempla mejoras en la jubilación demorada, ofreciendo la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año, en lugar de cada doce meses como se establecía anteriormente. Esta medida busca completar el proceso de reformas iniciado en 2021, que tenía como objetivo acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Otro aspecto crucial del pacto es el establecimiento de un nuevo procedimiento para determinar coeficientes reductores de la edad de jubilación en ocupaciones especialmente penosas o peligrosas. Esta regulación se basa en circunstancias objetivas, como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica, las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos en determinadas profesiones.
Asimismo, se ha logrado un acuerdo sobre el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en relación con la implicación de las Mutuas en la Incapacidad Temporal (IT). Este punto busca mejorar la colaboración con los Servicios Públicos de Salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico, siempre sujeto a la voluntariedad y consentimiento de los ciudadanos.
Incentivos empresariales y seguimiento de la incapacidad temporal
El acuerdo incluye medidas para incentivar a las empresas que disminuyan de manera considerable la siniestralidad laboral. Se levanta la suspensión establecida desde 2019 de este incentivo y se acuerda un nuevo sistema basado en la evolución de la siniestralidad que exige la realización de inversiones en materia de prevención para su reconocimiento.
Este nuevo mecanismo otorga a cada empresa una calificación de siniestralidad de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que será determinante, junto con las inversiones en prevención, para el derecho a la percepción del incentivo y su cuantía. Las empresas podrán obtener reducciones en sus cotizaciones del 4% al mejorar su calificación, o del 8% si mantienen la calificación máxima.
Además, los agentes sociales y el Gobierno han acordado abrir una línea de trabajo para hacer un seguimiento de indicadores de Incapacidad Temporal (IT). Se constituirá una comisión de control para el seguimiento y análisis de la evolución de la IT, de acuerdo con lo establecido en el AENC. Esta medida busca mejorar la eficiencia en la gestión de las bajas laborales y promover la reincorporación temprana de los trabajadores cuando sea posible.
En conclusión, este acuerdo representa un paso significativo hacia un sistema de pensiones más flexible y adaptado a las necesidades actuales del mercado laboral español. Con estas medidas, se busca no solo garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, sino también ofrecer a los trabajadores más opciones y mejor protección en su transición hacia la jubilación.
