«He presentado un bill (proyecto normativo) para poner fin a toda colaboración y comercio petrolero de EE.UU. con Venezuela hasta que los legítimos resultados de las últimas elecciones sean respetados». Así se expresaba este lunes Dick Durbin, senador estadounidense por el Estado de Illinois, a través de su cuenta de X (la antigua Twitter). Esta iniciativa pone otra vez en la cuerda floja el negocio de Repsol en el país sudamericano, donde opera bajo licencia de Washington.
«Debemos poner fin al robo de la elección de los votantes por parte de [Nicolás] Maduro», agregó Durbin.
Las sanciones económicas de EEUU contra Venezuela afectan principalmente al petróleo, con diferencia el principal activo exportador del país y del que dependen buena parte de sus balances. El pasado abril, la Administración de Joe Biden reactivó estas medidas ante las presuntas carencias en transparencia y limpieza democrática exhibidas por el Gobierno de Nicolás Maduro contra los opositores políticos.
La reanudación del bloqueo comercial contra el mayor activo del país sudamericano ponía en jaque no solo la economía de éste, sino también el negocio de las empresas energéticas españolas allí presentes, como Repsol.
En mayo, a pocos días del vencimiento del plazo, Washington renovó la licencia que permite a Repsol continuar operando en Venezuela. Sin embargo, las tensiones entre la comunidad internacional y el Ejecutivo de Maduro se han exacerbado desde que tras las elecciones del 28 de julio el presidente venezolano se negara a reconocer la victoria de su rival, Edmundo González, y se autoproclamase ganador de los comicios.
VENEZUELA Y REPSOL
Finalmente, el enfado de la primera potencia global ha cristalizado en la iniciativa legislativa de Durbin, que vuelve a poner en entredicho los permisos que disfrutan las compañías petroleras extranjeras. Aunque aún no ha trascendido el contenido concreto de la medida, Repsol, con muchos intereses en el país, tiene motivos para la preocupación.
La petrolera española llegó a Venezuela en 1993. En estas tres décadas, ha acumulado una fuerte cartera de activos en el país, llegando a emplear a 131 personas y gestionando importantes yacimientos de hidrocarburos, como el Proyecto Perla, Quiriquire Gas, Petroquiriquire (participada por Repsol en un 40%) y Petrocarabobo.
A este bagaje hay que sumar el último gran avance de la energética dirigida por Josu Jon Imaz en la región: el mismo día de la reanudación de las sanciones llegó a un acuerdo con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) para ampliar el área geográfica de la empresa mixta Petroquiriquire. Con este negocio, Repsol calcula que su producción en el país se duplicará, hasta llegar a los 20.000 barriles de crudo al día.
«EEUU, a través de las licencias, puede imponer restricciones que limiten actividades clave como la exploración, producción o comercialización de petróleo y gas, afectando directamente la capacidad operativa de Repsol»
Sergio Ávila, senior market analyst en IG
Este medio ha consultado a Sergio Ávila, analista de mercados en IG, sobre el alcance y la profundidad del riesgo al que se enfrentan los activos de la compañía vasca en Venezuela. «EEUU, a través de las licencias, puede imponer restricciones que limiten actividades clave como la exploración, producción o comercialización de petróleo y gas, afectando directamente la capacidad operativa de Repsol» -explica- «El cumplimiento de estas limitaciones podría aumentar los costos operativos de la compañía debido a la necesidad de ajustes legales, de cumplimiento y de seguros».
«Además, operar en países bajo sanciones incrementa el riesgo político, lo que podría llevar a cambios regulatorios adversos o incluso expropiaciones», agrega.
Asimismo, el experto señala que a nivel reputacional, trabajar en naciones sancionadas «puede afectar la imagen pública de Repsol», mientras que las licencias «podrían limitar sus opciones de cooperación con socios comerciales». En este contexto, la compañía «debe mantenerse flexible y adaptarse rápidamente a posibles cambios en las regulaciones para mitigar riesgos y asegurar la viabilidad de sus operaciones».
LA DUDOSA EFICACIA DE LAS SANCIONES
Por último, Ávila aborda el sentido del bill presentado por Durbin: «Busca ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al prohibir la cooperación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela» -considera- «Este proyecto pretende reducir los ingresos petroleros de Venezuela, debilitando así al régimen de Maduro y fomentando un cambio democrático. La intención es que la escasez de recursos provoque una mayor inestabilidad económica, social y política, empujando a los sectores civiles y militares a abandonar a Maduro».
«Sin embargo, este enfoque plantea riesgos, como un posible agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela, afectando la disponibilidad de alimentos y medicinas» -critica el especialista- «Además, las sanciones podrían generar tensiones en la región y afectar las relaciones internacionales de Estados Unidos, particularmente con países que apoyan al gobierno venezolano, como Rusia y China».
«La eficacia de estas sanciones sigue siendo debatida, ya que en muchos casos no logran producir los cambios políticos deseados», concluye.
