La estabilidad presupuestaria y la planificación fiscal son pilares fundamentales para el desarrollo económico de cualquier nación. En España, estos temas han cobrado especial relevancia en los últimos meses, con el Gobierno presentando por segunda vez los objetivos de estabilidad y el límite de gasto no financiero para los próximos años. Este proceso, que ha generado debate y controversia en el ámbito político, tiene implicaciones significativas para las diferentes administraciones públicas y, por ende, para todos los ciudadanos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de exponer los detalles de esta propuesta, que mantiene los mismos objetivos de déficit a nivel global y por subsectores que fueron rechazados previamente por el Congreso de los Diputados. La presentación de estos objetivos no solo cumple con las obligaciones legales establecidas, sino que también refleja el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal y el crecimiento económico sostenible, buscando un equilibrio entre la reducción del déficit y el fortalecimiento del Estado del Bienestar.
El desafío de la aprobación presupuestaria
El Consejo de Ministros ha aprobado nuevamente el límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como ‘techo de gasto’, junto con los objetivos de estabilidad y deuda para las administraciones públicas. Esta decisión se produce tras el rechazo previo del Congreso de los Diputados a la propuesta inicial presentada en julio. La reiteración de estos objetivos subraya la determinación del Gobierno en su estrategia fiscal, a pesar de las dificultades políticas encontradas.
María Jesús Montero ha enfatizado que esta nueva presentación responde al compromiso del Gobierno con las comunidades autónomas y ayuntamientos, ofreciéndoles objetivos de déficit menos exigentes que los actualmente vigentes. Esta propuesta busca proporcionar un mayor margen de maniobra financiera a estas administraciones, permitiéndoles una gestión más flexible de sus recursos.
La ministra ha sido clara al advertir que, independientemente de la aprobación o rechazo de estos nuevos objetivos, el Gobierno procederá con la presentación de los Presupuestos de 2025. Esta postura refleja la intención del Ejecutivo de avanzar en su agenda económica, ya sea con la nueva senda fiscal propuesta o con la anterior. Esta decisión podría tener implicaciones significativas para las comunidades autónomas y ayuntamientos, que se verían obligados a formular sus presupuestos con parámetros más restrictivos en caso de no aprobarse la nueva propuesta.
Detalles de la senda fiscal y objetivos de deuda
El Gobierno mantiene su propuesta de una senda fiscal que pretende reducir gradualmente el déficit público, estableciendo objetivos concretos para los próximos años. Se proyecta que el déficit público se sitúe en el 2,5% en 2025, disminuyendo al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Estos objetivos están alineados con la reactivación de las reglas fiscales europeas, que habían sido suspendidas desde 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
Un aspecto crucial de esta propuesta es la distribución de la responsabilidad fiscal entre las diferentes administraciones. La Administración Central asumirá la mayor parte del ajuste, con objetivos de déficit del 2,2% en 2025, 1,8% en 2026 y 1,5% en 2027. Para las comunidades autónomas, se establece un objetivo de déficit del 0,1% para los tres años, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales deberán mantener un equilibrio presupuestario en 2025 y 2026.
En cuanto a la deuda pública, el Gobierno propone una reducción progresiva que llevaría el nivel de endeudamiento del conjunto de las administraciones por debajo del 100% del PIB en 2027. Específicamente, se proyecta una reducción al 103,6% en 2025, al 101,8% en 2026, y finalmente al 99,7% en 2027. Para las comunidades autónomas, los objetivos de deuda se fijan en el 20,8% del PIB en 2025, 20% en 2026 y 19,4% en 2027, mientras que para los ayuntamientos se prevé una senda descendente que llegará al 1,2% en 2027.
Implicaciones del techo de gasto y transferencias a la Seguridad Social
El Gobierno ha presentado nuevamente el límite de gasto no financiero, comúnmente conocido como ‘techo de gasto’, estableciendo un tope de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Este límite es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y marca la pauta del gasto público para el próximo ejercicio.
Dentro de este techo de gasto, se incluye una transferencia significativa del Estado a la Seguridad Social por un importe de 22.881 millones de euros, lo que representa un incremento del 7% respecto a los Presupuestos de 2023. Esta medida busca fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y garantizar su viabilidad a largo plazo. Además, se permite a la Seguridad Social mantener un déficit del 0,2% en los próximos tres ejercicios, lo que proporciona cierto margen de maniobra en la gestión de sus finanzas.
La presentación de estos objetivos fiscales y del techo de gasto marca la cuarta ocasión en este año en que el Congreso de los Diputados se enfrenta a la evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esta reiteración refleja la complejidad del proceso presupuestario y las dificultades para alcanzar consensos políticos en temas económicos de vital importancia para el país. La decisión final sobre estos objetivos tendrá un impacto significativo en la capacidad de gasto e inversión de todas las administraciones públicas, influyendo directamente en la calidad de los servicios públicos y en el desarrollo económico de España en los próximos años.
