El sector energético español se enfrenta a un desafío significativo en lo que respecta al fraude del IVA en los carburantes. Líderes de empresas como Repsol, BP y Cepsa han denunciado esta problemática, que estiman alcanza los 1.000 millones de euros en 2023, equivalente a un tercio de las ventas del sector.
La competencia desleal generada por aquellas gasolineras que venden combustibles a precios «anormalmente bajos» ha generado una gran preocupación entre las principales empresas del sector. Esto, a su vez, limita la capacidad de estas compañías para realizar las inversiones necesarias y acelerar la transición energética, elementos clave para el futuro de la industria.
EL IMPACTO DEL FRAUDE EN LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
La presidenta de BP España, Olvido Moraleda, ha sido clara en su advertencia: «El fraude limita y merma la competitividad en el sector». Según sus declaraciones, si no se compite en igualdad de condiciones y existe un entorno de «competencia desleal», la ambición de las energéticas por impulsar sus inversiones y la transición energética se ve gravemente afectada.
El sector calcula que aproximadamente el 10% de las estaciones de servicio en España se ven afectadas por este fraude, lo que equivale a unas 1.200 gasolineras. Esto supone un problema significativo que distorsiona el mercado y perjudica a las empresas que operan de forma legítima.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha señalado que el monto anual de este «fraude masivo y organizado» en concepto de IVA equivaldría a la construcción de 10 hospitales al año en España. Esto evidencia la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas contundentes para erradicarlo.
LA NECESIDAD DE UNA RESPUESTA EFICAZ
Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa, ha calificado este fraude como «crimen organizado» y un «problema de seguridad nacional». Esto subraya la gravedad de la situación y la urgencia de que las autoridades tomen acciones decisivas para abordar este desafío.
En este sentido, el sector ha puesto como ejemplo a seguir la intervención legal aplicada en Italia, donde el Gobierno logró solucionar una crisis similar a través de medidas efectivas para asegurar el cobro del IVA. Esto demuestra que existen soluciones viables para enfrentar este problema y proteger la integridad del mercado.
Las empresas del sector energético español están comprometidas con la transparencia y la competencia leal. Sin embargo, para poder cumplir con sus ambiciosos planes de inversión y contribuir a la transición energética, es crucial que las autoridades competentes actúen de manera contundente y eficaz para erradicar este fraude del IVA en los carburantes.
