En la última década, el número de contribuyentes que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros se ha multiplicado casi por dos, pasando de 443 declarantes en 2012 a 852 en 2022, según los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre la recaudación del Impuesto de Patrimonio. Este incremento en la cantidad de grandes fortunas en España se ha producido desde el inicio de la recuperación económica tras la crisis de 2008, con un aumento constante año tras año, a excepción de un ligero retroceso en 2018.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que elevará la fiscalidad a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas, con el objetivo de acotar privilegios desproporcionados de ciertas élites del país. Esta medida se enmarca en el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros.
La Distribución Geográfica de las Grandes Fortunas
En cuanto a la distribución geográfica de los declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2022, la mayor parte se concentra en tres regiones: Cataluña, con 87.382 declarantes, la Comunidad Valenciana, con 28.009, y Madrid, con 23.486. Sin embargo, cuando se analiza la distribución por importe del patrimonio declarado, la clasificación regional cambia considerablemente, siendo Madrid la región que encabeza el ranking, con un patrimonio medio declarado por contribuyente de 11 millones de euros.
El Impuesto de Patrimonio en España
El Impuesto de Patrimonio se suprimió a partir del 1 de enero de 2008 y tras la crisis económica, pero fue recuperado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, inicialmente de forma temporal hasta el año 2013. Sin embargo, los posteriores Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez lo han mantenido y prorrogado sucesivamente.
Este impuesto ha estado en el punto de mira después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, con el objetivo de gravar con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros y evitar que puedan quedar eximidos por las bonificaciones aprobadas para el Impuesto de Patrimonio por algunos gobiernos regionales.
