En un momento crucial para las administraciones públicas españolas, el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido una alerta sobre la preocupante destrucción de puestos de trabajo en el sector público. Según los datos analizados por esta organización, las entidades gubernamentales han eliminado un 17% de la oferta de empleo público durante el mes de agosto, lo que se traduce en la pérdida de 3.567 vacantes.
Esta situación pone en entredicho la sostenibilidad a medio plazo de las administraciones públicas, especialmente en un contexto en el que el Gobierno enfrenta dificultades para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, lo que a su vez podría afectar a la futura oferta de empleo público.
La Erosión de la Plantilla Pública
CSIF ha señalado que, en julio, la organización rechazó la oferta de empleo diseñada para este año, considerando que se mantenía la tasa de reposición, se reducía la creación de empleo neto y se perdían plazas de personal laboral respecto al año anterior. Además, no se garantizaba la ejecución de los plazos establecidos.
Aún más preocupante es el hecho de que, en los próximos ocho años, el 60% de la plantilla de las administraciones públicas alcanzará la edad de jubilación. Esto supone un reto crítico que requiere un «plan de choque a varios años» para evitar el colapso de ciertos sectores clave, como la sanidad, la educación, el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo o las Instituciones Penitenciarias, que ya se encuentran tensionados.
El Impacto en los Servicios Públicos
La drástica reducción de la oferta de empleo público pone en riesgo la calidad y eficiencia de los servicios públicos que los ciudadanos españoles reciben. La falta de personal y la sobrecarga de los trabajadores actuales pueden derivar en una disminución del nivel de atención y en un deterioro de la prestación de los servicios esenciales.
Ante este panorama, es fundamental que las autoridades correspondientes tomen medidas urgentes para revertir esta tendencia y garantizar la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo. Ello implica no solo aumentar la oferta de empleo público, sino también adoptar estrategias de retención y desarrollo del talento para mantener y fortalecer la plantilla de los organismos gubernamentales.
