Los resultados de Berkeley Energía han sufrido el efecto arrastre del arbitraje que le enfrenta contra el Gobierno español por la cancelación del ‘Proyecto Salamanca’. Las pérdidas de la compañía minera, ya presentes en el ejercicio anterior, se han agravado en casi un millón de euros, según el reporte presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Berkeley registró unas pérdidas de 3,261 millones de dólares (unos 2,92 millones de euros) en su año fiscal 2024, cerrado el pasado mes de junio, lo que supone incrementar un 137,5% los ‘números rojos’ de 1,373 millones de dólares (1,23 millones de euros) de 2023. Las cuentas han registrado un gasto extra de 925.000 dólares (unos 828.000 euros) a causa del procedimiento de arbitraje abierto contra nuestro país por el conflicto de la mina de Uranio de Retortillo (Salamanca).
En su año fiscal, el grupo elevó sus ingresos por intereses hasta los 3,546 millones de dólares (unos 3,17 millones de euros), frente a los 1,054 millones de dólares (unos 1,35 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, que se pueden atribuir en gran medida al aumento de las tasas de los intereses del 3,0% al 4,6%.
A PESAR DE LOS ‘NÚMEROS ROJOS’, AGRAVADOS POR LOS COSTES DEL PROCESO CONTRA ESPAÑA, BERKELEY destacA que se encuentra en una posición financiera «extremadamente sólida», CON RESERVAS DE CASI 70 MILLONES DE EUROS
Mientras, los gastos de exploración y evaluación ascendieron a 3,825 millones de dólares (unos 3,42 millones de euros), un 13% más, que es atribuible a la política contable de contabilizar los gastos de exploración y evaluación incurridos con posterioridad a la adquisición de los derechos para explorar y hasta que se tome la decisión de desarrollar o explotar.
Asimismo, se incluyen gastos de desarrollo comercial por 243.000 dólares (unos 218.000 euros), que recogen actividades de relaciones, entre otras, de costes de relaciones públicas, marketing y marketing digital, intermediarios honorarios, honorarios de consultores de desarrollo empresarial y derechos de admisión a la bolsa de valores.
Al pasado 30 de junio, Berkeley contaba con unos activos netos de 84,904 millones de dólares (unos 76 millones de euros), con una caída del 2,8% frente al ejercicio anterior.
La empresa destacó que se encuentra en una posición financiera «extremadamente sólida», con reservas de efectivo de 77,345 millones de dólares (unos 69,2 millones de euros).
BERKELEY CONTRA EL GOBIERNO DE ESPAÑA
El pasado mes de mayo, el grupo minero australiano inició ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un proceso arbitral contra el Gobierno español por el bloqueo de los permisos para desarrollar el ‘Proyecto Salamanca’. La empresa pide una compensación preliminar de 1.000 millones de dólares (921 millones de euros), lo que convierte a este pleito en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.
En 2016, Berkeley Energía, la filial española del gigante, publicó los resultados del estudio de viabilidad del llamado ‘Proyecto Salamanca’, la iniciativa de explotación de la mina de uranio ubicada en la localidad salmantina de Retortillo.
La iniciativa incluye tres yacimientos (Retortillo, Zona 7 y Alameda). La extracción de la materia prima se realizaría a cielo abierto, enviándose el mineral obtenido mediante una cinta transformadora a una planta de tratamiento centralizada en Retortillo, donde se llevará a cabo el proceso de intercambio iónico. Estas instalaciones también recibirán por carretera la resina cargada del emplazamiento de Alameda.
El MITECO canceló la concesión de los permisos de explotación necesarios para el desarrollo del ‘Proyecto Salamanca’ después de un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que Berkeley respondió con un escrito de alegaciones ante el Ministerio en agosto de 2021. Éste hizo oídos sordos a las reivindicaciones de la minera, que insistió con un ‘Informe de mejora’ que también cayó en saco roto.
EL DESARROLLO DE LA MINA DE URANIO DE RETORTILLO, DENOMINADO ‘PROYECTO SALAMANCA’ POR BERKELEY, INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE MINERAL A CIELO ABIERTO Y EL TRATAMIENTO DEL MISMO EN UNA PLANTA UBICADA EN LA MISMA LOCALIDAD
Entonces, la compañía solicitó a MITECO el acceso a la documentación relacionada con la autorización de construcción y para la autorización de desmantelamiento y cierre de las instalaciones radiactivas de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de ENUSA, con el fin de verificar y contrastar las condiciones aprobadas.
Tras haber investigado los requerimientos exigidos a estos proyectos, en noviembre de ese mismo año Berkeley se dirigió de nuevo al MITECO argumentando que el informe negativo del CSN sobre la mina de Retortillo había sido emitido de forma arbitraria y fuera de la legalidad, perjudicando a Berkeley al tratarla de forma «injustificadamente más estricta». El Ministerio de Transición Ecológica, por toda respuesta, notificó a la empresa la cancelación formal de la autorización para el Proyecto Salamanca.
Finalmente, a finales de mayo la compañía tomó la decisión de acudir al Ciadi, organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial (BM), para defender sus intereses, alegando que las acciones de España contra su filial española y el proyecto de Salamanca «han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)».
UNA PLANTA SOLAR PARA HACER LAS PACES
No obstante, Berkeley ha reiterado en varias ocasiones su predisposición a alcanzar un acuerdo amistoso, asegurando que «sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y sigue abierta a un diálogo constructivo con España».
De hecho, a principios de agosto la minera aprovechó el comunicado trimestral oficial de su filial española para insistir en la inclusión de una planta solar en el proyecto, como medio para desbloquear las conversaciones.
La integración de una instalación fotovoltaica en el desarrollo de la mina de uranio ya fue propuesta por la empresa en febrero, tras la negativa del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) a la ejecución del proyecto. El proyecto solar, que dispondría de 20 megavatios (MW) de potencia instalada y cubriría entre el 68% y el 70% de las necesidades eléctricas del yacimiento, funcionaría a modo de ‘solución de compromiso’, asumiendo un rol de contrapeso sostenible al impacto medioambiental que las autoridades españolas atribuyen a la mina.
