El Gobierno español, a través de la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha decidido vetar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de la compañía española de fabricación de trenes Talgo.
Este organismo encargado de evaluar las operaciones de adquisición de empresas españolas por firmas extranjeras, ha argumentado que la autorización de dicha operación «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público». De hecho, el Consejo de Ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada, evitando dar mayores detalles al respecto.
Preocupaciones Estratégicas y Vínculos Cuestionados
Según las fuentes consultadas, las principales preocupaciones del Gobierno giran en torno a los posibles vínculos de la empresa húngara con la Rusia de Putin y la extrema derecha. Cabe destacar que el 45% del capital del consorcio que pretendía comprar Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, país ahora gobernado por Viktor Orbán, quien recientemente ha entrado en conflicto con la Unión Europea por su acercamiento unilateral a Rusia y su oposición a aceptar cuotas de refugiados.
Además, el Gobierno también dudaba de la capacidad de las fábricas de Magyar Vagon en Hungría para resolver todos los problemas de producción que tiene Talgo. Por ello, recientemente, representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han visitado esas instalaciones para evaluar la situación.
Talgo, una Empresa Estratégica para la Seguridad Nacional
Por otro lado, el Gobierno argumenta que esta OPA planteaba un problema estratégico, ya que Talgo tiene tecnología que atañe a la movilidad militar de otros países europeos como los bálticos. Es por ello que la Junta de Inversiones Extranjeras ha considerado que la autorización de esta operación «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público».
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había adelantado en marzo que el Gobierno haría «todo lo posible» para frenar esta operación, manifestando sus preocupaciones sobre los posibles vínculos de la empresa húngara con Rusia y la extrema derecha.
En resumen, el Gobierno ha tomado esta decisión estratégica para proteger los intereses nacionales y la seguridad del país, evitando que una empresa con presuntos vínculos cuestionables se haga con el control de una compañía clave para la movilidad y la defensa de España y sus socios europeos.
