El gallo galo domina el corral energético europeo gracias a su imponente parque nuclear y ahora planea extender esa hegemonía al transporte de energía eléctrica en detrimento de España. Francia se prepara para triplicar su inversión en este área, una política que a este lado de los Pirineos las grandes eléctricas llevan años pidiendo y que solo muy recientemente el Gobierno se ha dignado escuchar. La consecuencia es que nuestros vecinos están en posición de ‘pintarnos la cara’ en campos como el de los centros de datos.
A principios de junio, el operador oficial francés, RTE, abrió la fase de consulta pública para el Plan Decenal de Desarrollo de Red 2035-2040. La nueva estrategia para el entramado eléctrico galo contempla la cobertura de 13 y 15 gigavatios (GW) de demanda industrial a través de la conexión de los principales polos industriales, además de entre 3 y 5 GW adicionales para alimentar la creciente proliferación de centros de datos. En total, 20 GW de nueva infraestructura para cuyo desarrollo París ha ‘madrugado’.
En contraste, la normativa de red eléctrica española, que entró en vigor en 2013, establece un tope del 0,065% del Producto Interior Bruto (PIB) de España para el volumen anual de inversión de las redes de transporte de energía eléctrica y del 0,13% para la distribución. Una cortapisa considerada inaceptable y económicamente nociva por el colectivo empresarial del sector en nuestro país.
EL GALLO FRANCÉS CANTA MIENTRAS LA ELÉCTRICA ESPAÑOLA DUERME
Poco después de que Francia hiciera públicos sus planes de triplicar el gasto en la infraestructura eléctrica, tuvo lugar el acto reflejo del Gobierno patrio: el 4 de junio, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico abrió una consulta pública sobre el asunto que abre la puerta a incrementar el tope de inversión en la red.
El sondeo, cuyo plazo de alegaciones concluyó el 3 de julio, tenía la finalidad de recabar toda la información posible de cara al posible cambio de una normativa que, según los propios términos de la convocatoria, «fue establecida en un contexto económico y energético distinto al actual».
De este modo, el Ejecutivo ha permitido que la potencia vecina le tome la delantera en un campo fundamental para la competitividad en los sectores productivos que moldearán el futuro, como la Inteligencia Artificial (IA) y, muy especialmente, los centros de datos. Una falta de visión que la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha denunciado hasta desgañitarse.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA QUE SE TAMBALEA
Ya en mayo, la presidenta de Aelec, Marina Serrano, advirtió que nuestros vecinos comunitarios estaban reforzando sus infraestructuras de cara a garantizar su independencia energética y avanzar en la descarbonización: «Los países de la Unión Europea (UE) están más que triplicando su inversión en redes hasta 2030, como es el caso de Italia y Francia», dice.
Serrano ve necesario modernizar el proceso de planificación eléctrica, dando prioridad a proyectos industriales urgentes y con valor estratégico. «.
De hecho, desde Eurelectric se estima que la UE necesita invertir hasta 2050 y de forma anual en torno a 67.000 millones de euros en este apartado. Goldman Sachs, por su parte, considera que la creciente demanda eléctrica de la Inteligencia Artificial (IA) y los centros de datos obligará a Europa a invertir una cantidad superior a las ocho cifras para renovar su vetusta red.
CIEN MIL MILLONES DE INVERSIÓN
El sector considera, por tanto, que la respuesta de la Moncloa a esta imperiosa necesidad de renovar la red eléctrica está siendo lenta, insuficiente y a remolque de la competencia. En este sentido, tanto el CEO de Endesa, José Bogas, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. han expresado reiteradamente su preocupación al respecto.
Y la presión no llega solo de las grandes eléctricas, sino también de los gigantes digitales que marcan el paso de la transformación tecnológica. La Asociación Española de Data Centers (Spain DC), que agrupa a referentes como Amazon y Microsoft, propone a la Administración una ‘macroinversión’ de 100.000 millones de euros en la infraestructura eléctrica hasta 2040, lo que supone duplicar la cantidad contemplada en la actual normativa. Solo así, consideran, España podrá salir del pelotón de cola en el proceso de implantación de los centros de procesamiento de datos.
Spain DC considera que, hasta ahora, el compromiso inversor del Ejecutivo ha sido «claramente insuficiente y muy por debajo de los países de nuestro entorno». El pasado abril, esta asociación puso el grito en el cielo cuando los data centers se quedaron fuera del Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Entonces, exigieron que el Gobierno diera marcha atrás en la decisión de marginar unas instalaciones que ya concentran un 1% de la demanda eléctrica mundial. Ahora, con el acelerón inversor francés, sus argumentos adquieren aún más peso.
