Prosegur ha finalizado el proceso de análisis de su gestión de debida diligencia en materia de derechos humanos con el objetivo de evaluar la eficacia de los controles que aplica a nivel global en la gestión de esta materia. Se trata de una revisión que la compañía realiza de forma voluntaria cada tres años desde 2018 y que se recoge en un informe, que en este tercer ejercicio ha elaborado con el soporte de la consultora PwC.
El informe de debida diligencia en derechos humanos de este año se ha centrado en cinco países, Argentina, Brasil, Colombia, España y Perú, y en cinco líneas de negocio. Para su elaboración se han llevado a cabo 64 entrevistas con 91 profesionales y se han examinado más de 100 documentos de soporte.
Prosegur explicó en un comunicado que en el reporte se han analizado 35 derechos humanos aplicables a sus operaciones globales. Entre ellos, se incluyen los derechos de las minorías, cuya relevancia se pone de manifiesto con la celebración el 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Según subraya la ONU, representan cerca del 6% de la población mundial y se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. Igualmente, en la evaluación se ha tenido en cuenta el derecho a la vida, a la libertad y seguridad, a la igualdad ante la ley, a la salud, a la educación, a trabajar y a la libertad de opinión e información, entre otros derechos.
Prosegur destacó que los resultados del informe confirman un «avance de su madurez» con respecto a la protección de los derechos humanos y destacan que su realización les ha permitido identificar oportunidades para seguir progresando en esta materia.
Por último, la compañía resaltó su compromiso con las directrices corporativas en el ámbito de los Derechos Humanos, así como la eficacia de sus medidas de control en todos los niveles de su actividad empresarial.
