En estos momentos, la fábrica de tubos de escape de la multinacional belga Bosal en Pedrola, Zaragoza, atraviesa una crisis que ha desembocado en la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo. Esta situación ha generado una gran preocupación y malestar entre los trabajadores, quienes se enfrentan a la posibilidad de perder sus empleos.
El presidente del comité de empresa, David Chico, ha hecho pública su indignación ante esta medida, calificándola de «vergüenza» y solicitando la intervención del Gobierno de Aragón para supervisar la actuación de la dirección de la planta. Según Chico, la empresa pretende que sea el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) quien pague las indemnizaciones a los 131 trabajadores despedidos, algo a lo que los sindicatos se oponen rotundamente.
LA EMPRESA ALEGA PÉRDIDAS DURANTE 20 AÑOS
La dirección de Bosal justifica el cierre de la planta alegando que ésta ha estado generando pérdidas durante los últimos 20 años. Sin embargo, Chico afirma que la factoría conserva aún un 20% de la producción y que ésta se derivará a otras plantas donde los costes de producción sean más bajos. Según el presidente del comité, el grupo empresarial al que pertenece la planta de Pedrola le ha inyectado dinero durante años para mantenerla en funcionamiento, por lo que considera «injustificable» que ahora no se realice una nueva inyección de capital para hacer frente a las indemnizaciones y cerrar la planta de forma «normalizada».
Además, Chico denuncia que la dirección ha bloqueado la negociación con los sindicatos, informándoles de que no tendrán capacidad para afrontar ni las indemnizaciones ni las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que les ha llevado a anunciar un concurso de acreedores. Esto ha generado una gran desconfianza entre los trabajadores, quienes se sienten coartados en su libertad sindical.
EL DRAMA DE LOS TRABAJADORES MAYORES DE 55 AÑOS
Uno de los trabajadores afectados, Javier Castillero, ha relatado su situación personal, explicando que ha trabajado en la fábrica desde su apertura, hace 33 años, y que el ERE le aboca a la jubilación anticipada, lo que le supone «perder muchísimo dinero». Castillero recuerda que en el cierre de la factoría de El Puerto de Sagunto, los trabajadores tuvieron que llegar incluso al Tribunal Supremo y aun así perdieron.
La preocupación de los trabajadores se acentúa especialmente en el caso de los mayores de 55 años, quienes representan las tres cuartas partes de la plantilla. El comité de empresa ha anunciado que exigirá recolocaciones para este colectivo, intentando mitigar en lo posible el impacto de esta dramática situación.
En conclusión, la crisis de la planta de Bosal en Pedrola ha sumido a sus trabajadores en una profunda incertidumbre y angustia, enfrentándose a la posibilidad de perder sus empleos y sus medios de subsistencia. El comité de empresa y los sindicatos se mantienen firmes en su exigencia de que sea la propia empresa la que asuma sus responsabilidades y garantice un cierre digno de la planta, con el pago íntegro de las indemnizaciones y la protección de los trabajadores de mayor edad.
