La reciente condena de España por el Comité Europeo de Derechos Sociales debido a las insuficientes indemnizaciones por despido improcedente ha puesto en el punto de mira la legislación laboral del país. El Gobierno se ve ahora obligado a hacer cambios que se ajusten a los estándares establecidos por la Carta Social Europea, un tratado internacional al que España se ha adherido.
En este contexto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha dado declaraciones a la prensa exponiendo los planes del Ejecutivo para cumplir con esta resolución europea. Pérez Rey ha enfatizado que el Gobierno tiene el deber de acatar dicha sentencia, la cual no se trata de una simple recomendación, sino de una obligación ineludible para los Estados firmantes de la Carta Social Europea.
Una Reforma Laboral Acorde a la Carta Social Europea
El Gobierno se ha comprometido a abordar, a través del diálogo social, una reforma del despido que cumpla con los estándares establecidos por la Carta Social Europea. Pérez Rey ha subrayado que el objetivo es que el despido deje de ser un «ejercicio banal» que no genere consecuencias para las empresas, y que, por el contrario, se convierta en un proceso disuasorio que evite los despidos injustificados.
En este sentido, la reforma buscará establecer una fórmula de indemnización que haga que el despido sin causa sea realmente oneroso para las compañías, de modo que no puedan despedir a los trabajadores de manera arbitraria o por «capricho». Esto representa un claro cambio respecto a la situación actual, donde Pérez Rey reconoce que «despedir a alguien cuando no hay ningún motivo para hacerlo, cuando no hay ninguna justificación para hacerlo, a las empresas les salga gratis».
Cabe destacar que esta iniciativa de reforma laboral forma parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, quienes acordaron asumir el compromiso de dar cumplimiento a la Carta Social Europea en materia de despido. Pérez Rey considera que esta resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales «llena de sentido» dicho compromiso, brindando así una clara hoja de ruta para la modificación de la legislación.
El Papel del Diálogo Social
Pérez Rey ha enfatizado que el Gobierno llevará a cabo esta reforma del despido en el marco del diálogo social, es decir, en estrecha colaboración con los agentes sociales, como sindicatos y organizaciones empresariales. Este proceso de negociación y consenso resulta fundamental para garantizar que la nueva normativa cumpla efectivamente con las exigencias de la Carta Social Europea.
Asimismo, el secretario de Estado ha resaltado que la posibilidad de que UGT presentara una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales fue posible gracias a que el Ministerio de Trabajo suscribió el protocolo de reclamaciones colectivas. Este mecanismo ha permitido que el sindicato pueda ejercer su derecho a exigir el cumplimiento de la Carta Social Europea, lo que finalmente ha derivado en la condena a España.
En definitiva, la reforma laboral en torno al despido improcedente se perfila como una prioridad para el Gobierno, quien deberá trabajar en estrecha colaboración con los agentes sociales para diseñar un nuevo sistema que cumpla con los estándares establecidos por la Carta Social Europea y evite futuras sanciones por parte de las instituciones europeas.
