Este martes, Podemos le arrancó al Gobierno el compromiso de mantener los descuentos del bono social eléctrico hasta fin de año, frente a los planes iniciales del Ejecutivo de recortarlo en el marco de las medidas para convalidar el decreto anticrisis. Así, la formación de Ione Belarra ha salvado in extremis un instrumento cuyos resultados, aunque paliativos, ni se acercan a dar una respuesta definitiva al problema de la pobreza energética en España.
El bono social es un descuento que se aplica sobre el PVPC (Precio Voluntario para el pequeño consumidor), a un límite máximo de energía en el periodo de facturación, dentro del sistema de tarifa regulada. El sentido de esta disposición es proteger a determinados colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables; en otras palabras, combatir la pobreza energética.
LA NORMATIVA DEL BONO SOCIAL ESTABLECE DIFERENTES DESCUENTOS SEGÚN EL NIVEL DE VULNERABILIDAD: 25% PARA EL PRIMERO, 40% PARA EL SEGUNDO Y EXENCIÓN TOTAL DEL PAGO DE LA FACTURA PARA EL TERCERO
La normativa que regula el bono establece diferentes niveles de vulnerabilidad: consumidor vulnerable (25% de descuento y excepcionalmente, hasta el 30 de junio de 2024 el descuento era del 65%); consumidor vulnerable severo (40% de descuento; hasta el 30 de junio del 80%); y consumidor en riesgo de exclusión social, que no tiene que hacer frente a la factura eléctrica.
Durante buena parte de su recorrido el bono social de la luz ha sido criticado por su sistema de asignación. Con todo, a finales de mayo la cifra de hogares beneficiados por la medida era de 1.683.063 usuarios, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
SOLO UNOS POCOS ACCEDEN AL BONO SOCIAL
Este logro queda empequeñecido si se consultan las cifras de pobreza energética en España, registradas por el propio MITECO. En 2021, la tasa de pobreza energética escondida (el porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional), era del 9,3% de la población total; las familias que no podían permitirse mantener la casa a una temperatura adecuada alcanzaban el 14,3% y el 9,5% de viviendas presentaban retrasos en el pago de facturas. Y todo esto antes de que la guerra de Ucrania disparase los precios de la luz.
los aproximadamente 1,7 millones de beneficiarios del bono eléctrico apenas representan un 3,6% de la población, frente al 9,5% de viviendas que presentan retrasos en el pago de las facturas
Para acercarse al verdadero impacto de la guerra en los consumidores hay que consultar las estimaciones de EAPN (European Anti Poverty Network). Según el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la delegación española de esta organización, la pobreza energética en España ha aumentado un 138% desde 2008, afectando en 2022 (último dato disponible) al 17,1% de la población, que no consiguió mantener su vivienda a una temperatura adecuada. La situación se agrava en el caso los hogares en riesgo de pobreza, en los que la cifra sube a uno de cada tres.
EAPN advierte que en nuestro país, la pobreza energética se ha convertido en «un problema estructural que se agrava cada año». Observando la verdadera dimensión de esta lacra, los aproximadamente 1,7 millones de beneficiarios del bono eléctrico -apenas un 3,6% de la población- quedan como una minoría y evidencian el limitado alcance de la medida, que por otro lado adolece de un profundo desconocimiento por parte de la población.
UNA MEDIDA QUE NI SE FOMENTA NI SE CONOCE
De poco sirve mantener descuentos del 65 y el 80% en el bono social eléctrico si la inmensa mayoría de familias que tienen derecho a él lo desconocen» -afirma el portavoz de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez– «El Gobierno debe activar protocolos para que los consumidores sepan que cumplen los requisitos.
En su conversación con MERCA2, Sánchez lamenta que, aunque el diseño de la medida ha mejorado mucho, «muy pocos ciudadanos lo piden porque no se fomenta su contratación». El portavoz propone que Hacienda se encargue de verificar los datos fiscales de los usuarios para que, en base a los mismos, sea la propia Administración la que avise a todo posible beneficiario de la posibilidad de aplicar los descuentos en su factura.
