La temporalidad laboral en el sector público español ha alcanzado niveles preocupantes, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su profunda inquietud por esta situación, advirtiendo que las Administraciones Públicas cuentan con más de 1 millón de trabajadores temporales, lo que supone una tasa de temporalidad del 29%.
Esto ocurre en un momento en el que la Comisión Europea ha apercibido a España por las situaciones de discriminación laboral que sufre el colectivo de interinos en el sector público. La CSIF ha recordado que las administraciones se habían comprometido por ley a reducir esta temporalidad al 8% a finales de este año, y ha advertido que llevará a los tribunales a aquellas que incumplan este objetivo.
La Situación de Parálisis en el Sector Público
El sindicato ha lamentado la «situación de parálisis» que afecta al Gobierno ante la incertidumbre política y la falta de certezas sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Ante este escenario, la CSIF ha reclamado eliminar la tasa de reposición, de modo que las administraciones puedan planificar sus necesidades de personal y utilizar la contratación temporal solo de manera excepcional.
Además, el sindicato ha pedido agilizar los procesos selectivos con los medios materiales y humanos necesarios, e introducir sanciones ejemplares a aquellas administraciones que incumplan la normativa laboral. Estas medidas buscan abordar de manera integral la problemática de la temporalidad excesiva en el sector público español.
El Impacto de la Temporalidad en los Servicios Públicos
La alta tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas no solo afecta a la calidad de vida de los trabajadores, sino que también repercute negativamente en la prestación de los servicios públicos. La inestabilidad laboral y la falta de continuidad en el personal dificultan la eficiencia y la calidad en áreas clave como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Esto se traduce en una menor calidad de vida para la ciudadanía, que recibe unos servicios públicos menos eficientes y con mayores dificultades para garantizar la atención adecuada a las necesidades de la población. Por lo tanto, abordar el problema de la temporalidad en el sector público es fundamental no solo para los trabajadores, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
En resumen, la alarmante tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas españolas, que alcanza casi un 30%, es un reto urgente que requiere una respuesta integral por parte del Gobierno y las instituciones. La CSIF ha advertido que llevará a los tribunales a aquellas administraciones que incumplan los objetivos de reducción de la temporalidad, y ha reclamado medidas como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y la introducción de sanciones ejemplares. Solo así se podrá garantizar una prestación de servicios públicos de calidad y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
