La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no haber incorporado completamente las modificaciones de la directiva sobre rescate y resolución bancarios. Estos cambios, introducidos por el reglamento, son importantes para garantizar la plena adaptación en la UE a las normas del Consejo de Estabilidad Financiera sobre la capacidad total de absorción de pérdidas de las entidades de importancia sistémica mundial.
En particular, los cambios son necesarios para reflejar adecuadamente la exposición de estas entidades de la UE a sus filiales situadas en terceros países y para seguir mejorando la capacidad de los mayores grupos bancarios de la UE para resistir las perturbaciones financieras. Además, los cambios deberían lograr la plena armonización del tratamiento prudencial de los recursos internos para la absorción de pérdidas y la recapitalización de las entidades intermedias de un grupo bancario.
A falta de transposición de estas medidas técnicas, pero importantes, no será posible alcanzar el nivel de armonización necesario en el marco unificado de la UE para el sector bancario. Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario, que a falta de una respuesta satisfactoria, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Incumplimiento de la directiva sobre gestores y compradores de créditos
Además, la Comisión Europea ha activado ya un ultimátum de dos meses para España por la transposición incompleta de la directiva sobre gestores y compradores de créditos. Esta normativa exige, entre otras cosas, que estos actores del mercado de créditos actúen de buena fe, de manera justa y profesional con los prestatarios y se comuniquen con ellos de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida.
España y otros once Estados miembro apercibidos, disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias o, de lo contrario, la Comisión puede elevar el asunto al TJUE. Estos incumplimientos ponen de manifiesto la importancia de que los países de la UE transpongan con diligencia y completitud las directivas comunitarias que regulan el sector financiero y bancario, con el fin de garantizar un marco jurídico armonizado y una adecuada protección de los consumidores y la estabilidad del sistema.
Importancia de la transposición completa de la normativa europea
La apertura de estos expedientes a España por parte de la Comisión Europea evidencia la relevancia que tiene para la Unión Europea la transposición íntegra de las normas comunitarias por parte de los Estados miembro. Estas directivas y reglamentos buscan establecer unas condiciones de juego niveladas y una regulación coherente para el sector bancario y financiero en todo el territorio de la UE.
El incumplimiento o la transposición parcial de estas normas pone en riesgo la consecución de los objetivos de armonización y protección perseguidos, lo que puede derivar en distorsiones en el mercado único y una falta de seguridad jurídica para las entidades y los consumidores. Por ello, es fundamental que los países miembro asuman con responsabilidad y diligencia sus obligaciones de trasladar al ordenamiento nacional las directivas aprobadas a nivel europeo.
