La Comisión Europea ha abierto este jueves un expediente contra España por no eliminar las condiciones de empleo discriminatorias en los contratos de trabajadores interinos en el sector público. A través de una segunda carta de emplazamiento, Bruselas exige que se incorpore correctamente a la legislación nacional la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada.
Según la Comisión, la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos. Esto representa una discriminación contraria al Derecho comunitario, por lo que el procedimiento de infracción se inició en 2014. Aunque Bruselas reconoce que desde entonces España ha modificado las normas, aún persisten problemas de discriminación.
Deficiencias identificadas por la Comisión
En su segunda carta de emplazamiento adicional, la Comisión Europea advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.
Las autoridades españolas ahora disponen de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario. De lo contrario, Bruselas podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Implicaciones y próximos pasos
Esta acción de la Comisión Europea pone de manifiesto su preocupación por garantizar la igualdad de condiciones entre los trabajadores con contratos temporales y fijos en el sector público español. La persistencia de diferencias de trato a pesar de las modificaciones normativas realizadas por España evidencia la necesidad de una mayor armonización con la legislación comunitaria.
Si las autoridades españolas no logran subsanar las deficiencias identificadas en el plazo establecido, el asunto podría llegar al TJUE, lo que supondría un riesgo de sanciones e implicaría que España tendría que ajustar definitivamente su marco legal para cumplir con las exigencias europeas en materia de no discriminación laboral.
