La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los poderes necesarios para hacer cumplir la nueva Ley Europea de Servicios Digitales. Esta normativa impone reglas más estrictas a las grandes plataformas en línea, con el objetivo de evitar prácticas abusivas por parte de las empresas más grandes de la red.
El inicio de este expediente sancionador significa que Bruselas da un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomarán para corregirlas. En caso de no resolverse la situación, el expediente cuenta con dos fases más: el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, si persiste la irregularidad, la denuncia del caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Incumplimiento de Otros Estados Miembro
Además de a España, los servicios comunitarios han enviado cartas de emplazamiento a otros cinco países que no han dado los poderes correspondientes a su autoridad competente o ni siquiera han designado a un «coordinador de servicios digitales», que en el caso de España es la CNMC. Estos coordinadores son los encargados de supervisar a los intermediarios online, como las grandes plataformas, establecidos en su territorio y son el primer punto de contacto para que las personas y las empresas resuelvan quejas relacionadas con ellos.
Plazos Establecidos por la Ley Europea
Los Estados miembro tenían hasta el 17 de febrero de 2024 para designar a sus respectivos coordinadores de servicios digitales. Esta fecha límite forma parte de los plazos establecidos por la Ley Europea de Servicios Digitales, una normativa clave para el bloque en su objetivo de regular de manera más efectiva a las grandes empresas tecnológicas y evitar prácticas abusivas en el entorno digital.
