La industria de los carburantes en España se ha unido para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico medidas más efectivas y contundentes para combatir el fraude que afecta a este sector. Aevecar, AOP, CEEES y UPI, organizaciones representantes de operadores y distribuidores, se han reunido con las autoridades para abordar esta problemática que no solo perjudica a los agentes del mercado, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente.
Durante el encuentro, el sector valoró positivamente la disposición del Gobierno para luchar contra el fraude, así como su apertura al diálogo y la incorporación de medidas en el Real Decreto-ley 8/2023 del pasado 27 de diciembre. Sin embargo, consideran que es necesario intensificar las labores de prevención, control y seguimiento de las prácticas fraudulentas, tanto en el caso del fraude en el IVA como en el incumplimiento de la incorporación de biocarburantes.
Colaboración Público-Privada, Clave para la Lucha Antifraud
El sector ha expresado su confianza y disposición para colaborar con el Ministerio y los órganos competentes, que ven como la «mejor palanca de lucha» contra el fraude. Desde la industria, señalan que «es crucial fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto» para abordar esta problemática de manera efectiva.
La unión del sector y su compromiso con las autoridades para trabajar de manera conjunta en la lucha contra el fraude en los carburantes es un paso crucial para garantizar la integridad y sostenibilidad de esta industria estratégica para la economía y el medioambiente del país.
Impacto Económico y Ambiental del Fraude
El fraude en el sector de los carburantes no solo genera pérdidas económicas para los operadores y distribuidores legítimos, sino que también tiene un impacto negativo en los ingresos fiscales del Estado y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad ambiental.
La evasión del pago de impuestos, como el IVA, y el incumplimiento de las cuotas de biocarburantes establecidas por la normativa, socavan la competitividad del sector y ponen en riesgo la transición ecológica hacia una movilidad más sostenible. Además, estas prácticas fraudulentas distorsionan el mercado, generando una competencia desleal que perjudica a los operadores honestos.
Por lo tanto, la lucha contra el fraude en los carburantes no solo es una prioridad para el sector, sino también para las autoridades y la sociedad en su conjunto, ya que está íntimamente ligada a la sostenibilidad económica y medioambiental del país.
