El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una reforma trascendental en el Estatuto de los Trabajadores que eliminará la extinción automática de la relación laboral por el reconocimiento de Incapacidad Permanente de la persona trabajadora. Esta medida, impulsada por los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca poner fin a una discriminación histórica que ha afectado a este colectivo en España.
Según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esta reforma se enmarca en la modificación del artículo 49 de la Constitución española, que sustituyó el término «disminuido» por «persona con discapacidad». «Lo que hacemos es corregir una discriminación histórica de las personas trabajadoras con discapacidad en España», ha manifestado Díaz.
Empleo Decente y Derechos Reforzados
El objetivo de esta medida es ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando la discriminación que suponía el despido automático en determinadas situaciones. En su lugar, se priorizarán opciones como la adaptación del puesto de trabajo o el pase a otras funciones.
Además, se van a desplegar las medidas contempladas en el Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad para «reforzar el acceso de las personas con discapacidad al empleo y ensanchar sus derechos«. Será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejercer su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional.
Fin de la «Muerte Civil y Laboral»
La modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática por Invalidez, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando estas causas de la muerte de la persona trabajadora. «La Incapacidad Permanente no ha de suponer la muerte civil y laboral de la persona trabajadora», ha enfatizado Díaz.
Ahora, la posibilidad de extinguir el contrato se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora, que podrá solicitar la adaptación del puesto o el cambio a otro puesto vacante y compatible con su nueva situación. Además, se establecen criterios para determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa, teniendo en cuenta las posibles ayudas o subvenciones públicas.
Esta reforma integral busca garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, eliminando una discriminación que les ha condenado a la «muerte civil y laboral» durante demasiado tiempo. Con esta medida, España da un paso histórico hacia una sociedad más inclusiva y justa para todos los trabajadores, sin importar sus condiciones.
