La reciente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales ha generado un intenso debate en España sobre las indemnizaciones por despido improcedente. Esta decisión, que será publicada el próximo lunes 29 de julio, dictamina que la actual regulación española «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea, lo que podría tener significativas implicaciones para el mercado laboral del país.
Indemnizaciones Inadecuadas Según el Comité
Según la información proporcionada por el sindicato UGT, el Comité Europeo de Derechos Sociales considera que las indemnizaciones medias en España por un despido injusto (alrededor de 9.000 euros) «no tienen ningún carácter ni disuasivo ni restaurador». Esto significa que, desde la perspectiva del Comité, el sistema actual de indemnizaciones no cumple con los requisitos establecidos: un carácter disuasorio para que al empresario no le merezca la pena saltarse la ley, y un carácter resarcitorio para compensar adecuadamente al trabajador despedido.
Adaptación de la Legislación Española Requerida
Ante esta resolución, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado que el Gobierno, los sindicatos y la patronal se sienten a analizar una adaptación de la legislación española que permita dar cumplimiento al fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales. Álvarez ha remarcado que «no hay ningún lugar a dudas de que la sentencia es de carácter vinculante», lo que obliga a España a tomar medidas para ajustarse a la decisión.
Entre las posibles soluciones, Álvarez ha mencionado la recuperación de los 45 días por año trabajado que se derogaron en el año 2012 (en lugar de los 33 actuales) o la revisión de otras cuestiones relacionadas con el finiquito o los «abusos» durante el periodo de prueba. Estas alternativas buscarían aportar igualdad y justicia al sistema de indemnizaciones por despido en España, lo que, según Álvarez, «nos va a permitir el poder ir avanzando en ese camino de la estabilidad».
