El Tribunal Supremo ha emitido recientemente una sentencia que aborda temas cruciales relacionados con los derechos de los trabajadores públicos en España. La decisión del Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de CGT (Fetap-CGT) contra el decreto que aprobó la oferta de empleo público para el año 2022 y el que aprueba la oferta para la estabilización del empleo público en la Administración General del Estado.
La sentencia declara la nulidad del real decreto del 24 de mayo de 2022 en la medida en que, para las plazas cuyo sistema de selección sea el concurso, no prevé la reserva legal para personas con discapacidad. Sin embargo, desestima el recurso en todo lo demás, lo que ha generado cierta decepción en el sindicato.
El Incumplimiento de la Normativa Europea
El sindicato Fetap-CGT apeló la falta de aplicación de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, que «sigue sin estar transpuesta en el sector público», lo que ha dejado a las administraciones públicas excluidas de las consecuencias del incumplimiento de los límites temporales para los trabajadores temporales públicos. Además, el sindicato cuestionó las plazas ocupadas por personas en abuso de temporalidad y el incumplimiento del cupo de discapacidad en los puestos de la Administración.
Aunque el Tribunal Supremo no ha aceptado las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su totalidad, el sindicato señala que la «realidad de la Administración ya no se puede ocultar». Esto evidencia la necesidad urgente de abordar estos problemas y cumplir con la normativa europea para garantizar los derechos de los trabajadores públicos.
El Papel del Ministerio y el Nuevo Proyecto de Ley
El sindicato ha señalado al Ministerio para la Transformación Pública y de Función Pública, así como a su titular, el ministro Escrivá, como «principal culpable» de esta situación. Sin embargo, también reconocen que Escrivá tiene «una nueva oportunidad para cumplir» mediante el anteproyecto de ley de Función Pública, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de julio de 2024.
Esta sentencia del Tribunal Supremo y la reacción del sindicato Fetap-CGT ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar los problemas estructurales que afectan a los trabajadores públicos en España. La falta de aplicación de la normativa europea, el abuso de la temporalidad y el incumplimiento del cupo de discapacidad son cuestiones que deben ser resueltas de manera prioritaria. El Ministerio tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con la transformación y modernización de la Administración Pública, a través de la nueva ley de Función Pública. Solo así se podrá garantizar el respeto a los derechos de los empleados públicos y avanzar hacia un sistema más justo y eficiente.
