La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha sido una demanda recurrente de los trabajadores españoles en los últimos años. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado en una rueda de prensa en Badajoz que, si no hay un compromiso claro de la patronal en relación a esta cuestión, las organizaciones sindicales iniciarán un proceso de movilizaciones a partir de septiembre.
Álvarez subraya que no solo se necesita el posicionamiento del Gobierno, sino también contar con una mayoría en las Cortes que respalde esta medida. Según el líder sindical, «se va a tener que mojar todo el mundo y no va a servir mirar para otro lado, van a tener que decir si sí o si no». En este sentido, se ha preguntado sobre la posición del Partido Popular, si apoyará la jornada de 37,5 horas o si «está haciendo el juego a la patronal».
La Demanda de los Trabajadores y la Respuesta Sindical
Según Pepe Álvarez, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ya no es una cuestión exclusiva del Ministerio de Trabajo, el Gobierno o la patronal, sino una reivindicación sentida y demandada por los trabajadores y trabajadoras de España. El secretario general de UGT afirma que «nunca» había habido una reivindicación «tan sentida» y «tan demandada» por los empleados, y que los sindicatos van a «responder a esa demanda de la sociedad».
El Papel de la Patronal y la Necesidad de Llegar a un Acuerdo
Álvarez ha señalado que, si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) quiere que se retomen las negociaciones, deberá decir primero si está de acuerdo con la jornada de 37,5 horas y en qué condiciones lo estaría. Para el líder sindical, «es ridículo» que la patronal intente flexibilizar el calendario de aplicación sin aclarar su posición sobre las 37,5 horas, pues eso solo los deja «en peores condiciones para la negociación».
Ante la falta de un compromiso claro de la CEOE, Álvarez ha advertido que las organizaciones sindicales iniciarán un proceso de movilizaciones a partir de septiembre, con el objetivo de obligar al Gobierno y a las fuerzas políticas a definirse sobre esta cuestión. El secretario general de UGT ha reconocido que, en este escenario, no descarta la posibilidad de convocar una huelga general, aunque no ha aclarado su posición al respecto.
