El ministerio de Trabajo ofrece a la patronal CEOE implantar la jornada corta de forma flexible hasta 2025

La reciente propuesta del Gobierno español para la reducción progresiva de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha generado un intenso debate entre los agentes sociales. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha mantenido una reunión con los representantes empresariales y sindicales, buscando encontrar un acuerdo que permita implementar esta medida de una manera más flexible y gradual.

Durante la reunión, Pérez Rey ha expresado la voluntad del Ministerio de Trabajo de trabajar en torno a la posibilidad de incorporar paulatinamente la jornada laboral de 37,5 horas, dando plazos más flexibles a lo largo de 2025. Esta propuesta busca lograr un acuerdo que incluya a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y a Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), dos de los principales interlocutores del diálogo social en España.

LA INCORPORACIÓN GRADUAL DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Según Pérez Rey, la reunión ha sido «constructiva» y ya no encuentra ninguna «objeción de calado» por la que no sea posible llegar a un acuerdo que incluya a todas las partes. En este sentido, el secretario de Estado ha indicado que se ha discutido principalmente sobre tres ejes respecto a los que el Ministerio de Trabajo está abierto a negociar.

En primer lugar, la incorporación paulatina de la reducción de jornada, lo que implica que en lugar de tener vigentes las 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025, como estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de coalición, se puede hablar de una incorporación más flexible a lo largo de todo el año, «introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones» u otro tipo de medidas.

Esta propuesta de flexibilización en la implementación de la medida busca responder a las preocupaciones expresadas por el sector empresarial, que ha manifestado sus reservas sobre los plazos y la capacidad de adaptación a una reducción tan drástica de la jornada laboral en un plazo tan corto.

LA DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DEL TIEMPO DE TRABAJO

En segundo lugar, el secretario de Estado ha comunicado que el Ministerio está dispuesto a incluir la posibilidad de distribuir irregularmente el tiempo de trabajo, como ya se adelantó en la anterior reunión que tuvo lugar la semana pasada. Esta medida permitiría a las empresas ajustar más eficientemente sus necesidades operativas, al tiempo que se preserva la reducción de la jornada laboral.

Esta flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo ha sido una de las principales reivindicaciones del sector empresarial, que ha argumentado que la rigidez en los horarios puede afectar a la competitividad y la productividad de las empresas, especialmente en un contexto económico incierto.

EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

En tercer lugar, el secretario de Estado ha informado que el Ministerio también está trabajando en profundizar en el derecho a la desconexión digital, uno de los aspectos clave en plena época de transición digital y teletrabajo. Esta medida busca garantizar el derecho de los trabajadores a desconectarse de los dispositivos y herramientas digitales fuera de su jornada laboral, con el objetivo de promover el equilibrio entre la vida profesional y personal.

La incorporación del derecho a la desconexión digital en el acuerdo sobre la reducción de jornada laboral refleja la necesidad de adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades del mundo del trabajo, marcadas por una mayor presencia de las tecnologías de la información y la comunicación.

En resumen, el Gobierno español, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, está buscando un acuerdo más flexible y gradual para la implementación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, atendiendo a las preocupaciones expresadas por el sector empresarial. Esta propuesta de flexibilización incluye la posibilidad de una incorporación más gradual a lo largo de 2025, la distribución irregular del tiempo de trabajo y el fortalecimiento del derecho a la desconexión digital. El objetivo es lograr un consenso que permita avanzar en esta importante reforma laboral con el respaldo de los principales agentes sociales.