La aprobación del anteproyecto de Ley de Función Pública por parte del Consejo de Ministros representa un hito fundamental en la transformación de la Administración Pública española. Este nuevo marco jurídico, desarrollado de la mano de los representantes de los trabajadores, tiene como objetivo principal moldear una Administración más eficiente, innovadora y orientada al servicio de los ciudadanos.
El texto aborda aspectos clave como los procesos de acceso al empleo público, las carreras profesionales, el aprendizaje continuo y la ética profesional. Tal como ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esta ley busca «desarrollar todo el potencial innovador del texto refundido de la Ley del EBEP» y superar un marco jurídico considerado «obsoleto y fragmentario.
Ejes Fundamentales de la Ley de Función Pública
Estructura y Acceso al Empleo Público Estatal
El anteproyecto de ley delimita las funciones del personal tanto funcionario como laboral, y autoriza al Gobierno a sistematizar cuerpos y escalas. Además, regula los requisitos de acceso y pérdida de la condición de empleado público.
Esta sección establece un marco normativo claro y coherente en torno a la estructura y el acceso al empleo público, sentando las bases para una Administración más ordenada y transparente.
Carrera, Promoción Profesional, Retribuciones y Teletrabajo
En lo referente a la carrera y promoción profesional, el texto completa la regulación de la carrera horizontal y vertical, ordena las retribuciones y crea nuevos complementos. Además, regula el régimen del teletrabajo, adaptándose a las nuevas realidades laborales.
Estos cambios buscan impulsar el desarrollo profesional de los empleados públicos, ofreciendo mejores oportunidades de crecimiento y remuneración, al tiempo que se adecúa a las necesidades del trabajo a distancia.
Aprendizaje, Formación Continua y Ética Profesional
En cuanto a la formación y el aprendizaje continuo, los itinerarios formativos y la gestión por marcos competenciales se convierten en elementos fundamentales del régimen de empleo público. Por último, la ley regula los derechos y deberes de los empleados públicos, así como su régimen disciplinario.
Estas reformas en materia de capacitación y ética profesional buscan garantizar que los servidores públicos cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones con la máxima eficiencia y compromiso con la ciudadanía.
Hacia una Administración Pública Moderna y Eficiente
La aprobación de este anteproyecto de Ley de Función Pública representa un avance significativo en la modernización de la Administración Pública española. Al abordar aspectos fundamentales como el acceso al empleo, la gestión del talento, la formación continua y la ética profesional, esta ley sienta las bases para una Administración más ágil, capacitada y orientada al servicio de los ciudadanos.
Ahora, con el inicio de la tramitación parlamentaria y el desarrollo de los correspondientes reglamentos, se abre una etapa de transformación en la que la Administración General del Estado podrá hacer frente a los desafíos del siglo XXI, adaptándose a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. La implementación de esta Ley de Función Pública marcará, sin duda, un hito en la modernización del sector público español.
