La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado al ministro José Luis Escrivá que regule por ley básica el derecho de los empleados públicos a prorrogar de forma voluntaria su vida laboral. Este es un derecho que fue reconocido en la última reforma de las pensiones, pero que muchas Comunidades Autónomas (CCAA) están denegando debido a un conflicto con el Estatuto Básico, donde se establece como obligatorio el retiro a los 65 años.
En una carta dirigida al ministro, el sindicato ha exigido la convocatoria urgente de la mesa general de negociación de las administraciones públicas para reformar esta norma y garantizar la aplicación de este derecho. Según CSIF, a muchos empleados públicos de diferentes CCAA se les está negando la posibilidad de extender voluntariamente su vida laboral más allá de la edad de jubilación establecida.
La Necesidad de Reformar el Estatuto Básico
Además de abordar el tema de la prórroga voluntaria de la vida laboral, el sindicato solicita a Escrivá que en esta mesa de negociación se traten otros asuntos pendientes. Entre ellos, destacan la recuperación del poder adquisitivo perdido, la regulación de la jornada laboral de 35 horas para todas las administraciones públicas, la regulación de la jubilación parcial anticipada para funcionarios y personal estatutario, y la adecuación de los grupos profesionales.
CSIF considera que es fundamental reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) para garantizar la aplicación de este derecho a la prórroga voluntaria de la vida laboral. Según el sindicato, esta reforma permitiría homogeneizar la normativa y evitar las disparidades entre CCAA, donde algunos empleados públicos sí pueden acogerse a este beneficio, mientras que otros se ven privados de él.
La Importancia de Garantizar la Continuidad Laboral Voluntaria
La prórroga voluntaria de la vida laboral es un derecho reconocido en la última reforma de las pensiones, que busca ofrecer a los trabajadores la posibilidad de prolongar su carrera profesional más allá de la edad de jubilación establecida. Este mecanismo permite a los empleados públicos mantener su actividad laboral de forma voluntaria, lo que beneficia tanto a los trabajadores como a las administraciones públicas.
Al permitir a los empleados públicos extender su vida laboral de forma voluntaria, se les ofrece la oportunidad de seguir aportando su experiencia y conocimientos a las instituciones. Además, esta medida contribuye a mitigar los efectos del envejecimiento de la población y a mantener la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Por lo tanto, CSIF considera crucial que este derecho sea garantizado de manera homogénea en todo el territorio nacional.
