El Gobierno no ha cambiado el gesto tras la propuesta de ERE de Zegona para Vodafone España, por el que ha planteado la salida de 1.198 trabajadores, con una indemnización máxima de 24 días de salario y 14 mensualidades. Y eso pese a que la plantilla ya ha cumplido la primera de las jornadas de huelga, seguida con éxito por el 68% de la empresa, para protestar por los despidos y denunciar el incumplimiento por parte de Zegona de los compromisos adquiridos con el Ejecutivo en materia de inversiones. Escrivá mantiene lo dicho cuando se autorizó la compra y solo Sumar ha reaccionado tibiamente ante la evidencia de que el fondo inglés va a dejar en evidencia al Gobierno.
En efecto, este martes 2 de julio se ha producido el primero de los paros convocados por los sindicatos para protestar por las cifras que plantea Zegona para el ERE de Vodafone España, con concentraciones en todas las sedes: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Vigo, Zaragoza.
«la justificación principal de este ERE es la reducción de inversiones, una explicación que contrasta profundamente con las declaraciones del Sr. Escrivá»
Cerca del 70% de los 3.268 trabajadores y las trabajadores de la empresa han secundado el primero de los paros que han continuado ayer día 3, seguirán hoy día 4 y se repetirán los días 10, 15, 16 y 17 de julio. Además de la huelga, se van a producir manifestaciones los días 9 y 11 de julio frente a los Ministerios de Transformación Digital, dirigido por el ministro José Luís Escrivá y ante el Ministerio de Trabajo, de quien es titular Yolanda Díaz, líder de Sumar, el partido que gobierna junto al PSOE.
Los sindicatos claman no solo contra la empresa, que quiere rebajar la carga laboral de la operadora roja en España en un 38% de la plantilla, si no también contra el Gobierno. Tras el primer día de paro han insistido en apuntar con dureza hacia Escrivá, principalmente, al señalar que el ERE es, «sin duda, consecuencia de la inacción del Ministerio para la Transformación Digital «.
Según explican, el ministro Escrivá, «parece decidido a desatender las consecuencias de su dejadez, que le han llevado a mantener políticas regulatorias equívocas y a tomar decisiones nefastas que ahondan en la destrucción de empleo que viene sufriendo el sector de las telecomunicaciones«, según han expresado en un comunicado tras el primer día de huelga.
Los representantes de los trabajadores aseguran que van a seguir plantando cara ante la situación, no solo con las movilizaciones, si no también en la tensa mesa de negociación del ERE, donde presumen que el acuerdo «en estos momentos va a ser muy difícil de alcanzar», ante los directivos puestos al frente por el fondo de inversión inglés Zegona, que ha comprado la filial española de la operadora británica por 5.000 millones de euros. Apenas un mes después de que el Gobierno español aprobara la compra, el nuevo CEO Miguel Ángel García y su equipo anunciaron la propuesta del ERE y sus elevadas cifras de futuro desempleo.
«Escrivá parece decidido a desatender las consecuencias de su dejadez, que le han llevado a mantener políticas regulatorias equívocas y a tomar decisiones nefastas que ahondan en la destrucción de empleo en las telecos»
Ante estas cifras y la opinión manifestada por los sindicatos en contra de la actitud del Ministerio de Transformación Digital, MERCA2 ha querido recabar la opinión del ministro, pero nos remiten a las palabras dichas por Escrivá desde el mismo día en el que el Consejo de Ministros autorizó la compra de Vodafone España. Aquél 14 de mayo el ministro explicó que Zegona se había comprometido a «desarrollar un plan de inversiones ‘a medio plazo’ y a mantener una solvencia financiera ‘elevada'», pero ningún compromiso concreto para mantener el empleo.
En efecto, el compromiso de Zegona para que se aprobara la compra era el de desarrollar un plan de inversiones en redes a medio plazo en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en fijo como en móvil, es decir, compromisos como el sostenimiento de activos estratégicos, la solvencia financiera y el mantenimiento de los contratos con las administraciones públicas. Y en esos días de mayo Escrivá también aseguró que el fondo británico tenía «compromisos internos de mantenimiento del empleo en su plan industrial«, por lo que descartaba el severo ajuste de plantilla que se desveló después.
Escrivá también señaló que Vodafone se quedaba en España «con una actividad de alto valor añadido en sus centros de innovación», con lo que «mantiene una parte importante del empleo», pero esos centros no forman parte de la venta a Zegona, si no que pertenecen a Vodafone Grupo, porque no entraban en la venta de la filial española.
DESDE EL GOBIERNO, SOLO SUMAR EXIGE
Desde la plataforma Sumar sí se han producido algunos movimientos y declaraciones respecto al ERE de Vodafone que se planteó el pasado 14 de junio. El diputado de los Comunes Félix Alonso Cantorné, que ha llegado a reunirse con los sindicatos de Vodafone, preguntó en el congreso la tercera semana de junio «a qué compromisos ha llegado Zegona para la adquisición de Vodafone en materia de empleo, sostenibilidad económica y retorno rápido», y planteó que se revisen los contratos públicos que tenga Vodafone España con diversas administraciones españolas.
Sumar planteaba ese día que el ERE supone «una gran preocupación social, teniendo en cuenta que unas 500 personas de más de 54 años de edad se pueden ver afectadas por el proceso y que «más allá del empleo directo, hay 14.000 puestos de empleo indirectos en riesgo».
Pese a este apoyo de Sumar, tal como están las cosas, los trabajadores se sienten abandonados por el Gobierno «más progresista de la historia», al que le lucen bien las cifras del paro en todos los sectores, menos en el de las telecos. Los sindicatos han llegado a decirle al ministro Escrivá que quieren hablar con él sobre lo que entiende por «garantía de empleo» exactamente.
Según argumentan, «la justificación principal de este ERE es la reducción de inversiones, una explicación que contrasta profundamente con las declaraciones del Sr. Escrivá». Recuerdan al Gobierno los compromisos que había conseguido de Zegona al aprobar la venta y le preguntan si «realmente conoce el ministro en qué condiciones aprobó la operación».
Los sindicatos han llegado a decirle al ministro Escrivá que quieren hablar con él sobre los que entiende por «garantía de empleo» exactamente
Desde las primeras reuniones para negociar el ERE, tanto UGT como CCOO salían de las reuniones desconsolados. En la última reunión antes de los paros, decían haber podido constatar «el nulo rigor del ‘Informe Técnico’ presentado por la consultora CMC», que se había mostrado incapaz de «responder a preguntas concretas necesarias para justificar las medidas de reducción de plantilla y organizativas propuestas».
Para los representantes de los trabajadores, la carga de trabajo y la invalidez de las medidas presentadas «hacen imposible afrontar una reducción de personal de manera justificada». Y señalan que se trata de una plantilla «que ha demostrado una y otra vez su profesionalidad y que ha sido ‘atacada’ por cuatro EREs previos, por lo que merece merece mucho más respeto, especialmente de una dirección que acaba de llegar», argumentan.
Además, indican que todo este proceso baja la moral de los trabajadores y la imagen de las marcas (Vodafone y Lowi) se van a ver afectadas, por muy agresivas que sean a partir de ahora las campañas de publicidad, «que pueden ser efectivas para mantener una buena imagen pública, pero no serán suficientes para contrarrestar el daño reputacional que conlleva la destrucción de empleo y el futuro incierto de cientos de familias. La viabilidad y el éxito de una empresa no pueden construirse sobre la precariedad y la inseguridad de sus trabajadores y trabajadoras».
la carga de trabajo y la invalidez de las medidas presentadas «hacen imposible afrontar una reducción de personal de manera justificada»
Los sindicatos piden que la empresa reconsidere su postura y «adopte un enfoque más humano y responsable en la gestión de su personal». Consideran que las causas económicas argumentadas por Zegona no son válidas, porque «somos el operador con mejor ratio de ingresos por empleado; un 58,5% más que Telefónica y un 13% más que Masorange«, apuntan.
La filial española de Vodafone facturó en su último ejercicio 3.846 millones de euros, un 1,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras ingresar por servicio 3.429 millones (un 2,4% menos) debido a la competencia de precios, a la caída en la cifra de clientes y a la bajada de tarifas en telefonía móvil, según los datos que comunicó al organismo regulador británico a mediados del pasado mes de mayo.
