La Unión Europea (UE) ha establecido un sistema de indicaciones geográficas que permite a los productos agroalimentarios destacar sus propiedades únicas y su calidad diferenciada. En España, el Gobierno acaba de abrir un trámite de consulta pública sobre un proyecto de real decreto que regulará el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el registro comunitario de estas indicaciones de calidad.
Este proyecto de normativa responde a la necesidad de adaptar la legislación nacional al nuevo reglamento comunitario sobre indicaciones geográficas. Además de regular las indicaciones geográficas supraautonómicas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha indicado que algunas disposiciones serán también de aplicación para la coordinación de las de ámbito territorial autonómico.
El Nuevo Procedimiento Administrativo para las Indicaciones Geográficas
El trámite de consulta pública estará abierto hasta el 22 de julio y tiene como objetivo establecer el nuevo procedimiento nacional para las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) cuyo ámbito territorial sea superior al de una comunidad autónoma.
Además, determinados preceptos de esta nueva normativa también serán de aplicación a aquellas figuras de calidad diferenciada cuyo ámbito territorial se circunscriba solamente al de una comunidad autónoma, y que administrativamente dependen de la correspondiente administración autonómica.
Es importante destacar que este proyecto de real decreto no solo regulará el procedimiento nacional para las indicaciones geográficas supraautonómicas, sino que también establecerá mecanismos de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas en lo que respecta a las indicaciones geográficas de ámbito autonómico.
Beneficios de las Indicaciones Geográficas para los Productores y Consumidores
Las indicaciones geográficas desempeñan un papel fundamental en la protección y promoción de los productos agroalimentarios que poseen características o cualidades específicas derivadas de su origen geográfico. Estos sellos de calidad diferencian a los productos y les otorgan un valor añadido, lo que redunda en beneficios tanto para los productores como para los consumidores.
Para los productores, las indicaciones geográficas les permiten destacar las características únicas de sus productos, lo que les brinda mayores oportunidades de comercialización y les ayuda a posicionarse en el mercado. Además, estas figuras de calidad diferenciada protegen a los productores frente a la competencia desleal y el uso indebido de sus nombres.
Por otro lado, los consumidores se benefician de la confianza que les genera saber que un producto cuenta con una indicación geográfica, lo que les garantiza calidad, trazabilidad y autenticidad. Asimismo, las indicaciones geográficas fomentan la preservación de las tradiciones y el saber hacer local, lo que contribuye a la diversidad cultural de nuestro país.
En resumen, la nueva normativa sobre indicaciones geográficas en España tiene como objetivo fortalecer y modernizar el sistema de calidad diferenciada de los productos agroalimentarios, lo que repercutirá positivamente tanto en los productores como en los consumidores. Esto se enmarca en el compromiso del Gobierno por apoyar y promover la calidad y la diversidad de los alimentos españoles.
