La Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, han expresado su preocupación ante la política intervencionista del Gobierno central en materia de vivienda y turismo. Ayuso ha criticado duramente la intención de prohibir los pisos turísticos y ha abogado por una regulación que garantice la seguridad jurídica y preservar los intereses tanto de propietarios como de inquilinos y vecinos.
Durante un evento sobre el programa «Mi Primera Vivienda», la mandataria autonómica ha señalado que no se puede optar por una «prohibición total» de los pisos turísticos, ya que ello generaría una mayor escasez de oferta y un aumento descontrolado de los precios. Ayuso ha advertido que si los propietarios no se atreven a poner sus viviendas en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normativas, el problema «irá a más».
La Necesidad de una Regulación Equilibrada
La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que es necesario encontrar un punto de equilibrio en la regulación de los pisos turísticos. Según Ayuso, se debe garantizar la convivencia y el descanso vecinal, pero sin olvidar las nuevas formas de turismo y las necesidades de los propietarios.
Asimismo, ha destacado la importancia de tener en cuenta la oferta hotelera de España, la cual, a su juicio, «sabe solucionar estos problemas por sí sola» cuando no está «tutelada y dirigida» por las administraciones, sino cuando se le dan las herramientas para «salir adelante».
El Riesgo de la Intervención Excesiva
Ayuso ha criticado que esta política intervencionista del Gobierno central se extiende a otros ámbitos, como el mercado laboral, la Justicia o los medios de comunicación. Según la presidenta madrileña, una democracia liberal necesita de «instituciones fuertes, contrapesos y contrapoderes» para evitar el «autoritarismo» y la «arbitrariedad» en la toma de decisiones.
En el caso concreto de la vivienda, Ayuso ha señalado que la Ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un descenso en la oferta de pisos, un incremento desmesurado de los precios y una mayor inseguridad jurídica. La mandataria ha insistido en que la seguridad jurídica es la «condición mínima» para vivir en libertad y servir al interés general, y que, si se perjudica, se hunde la empresa, la vivienda y la prosperidad.
En lugar de optar por prohibiciones, Ayuso aboga por una flexibilidad, confianza y seguridad jurídica que permita a los distintos actores del sector inmobiliario y turístico adaptarse a los cambios y aprovechar las nuevas oportunidades.
