La Unión Europea ha aprobado recientemente una directiva sobre diligencia debida en las cadenas de suministro, la cual busca establecer un marco legal que responsabilice a las empresas europeas de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones globales. Sin embargo, esta normativa ha generado una ola de críticas por parte de las asociaciones empresariales, quienes consideran que su implementación representa un serio obstáculo para el comercio y debilita la competitividad de las empresas europeas.
El objetivo de la directiva es loable, pero la realidad es que su alcance y la responsabilidad legal que establece son excesivamente amplios, generando una carga burocrática y financiera significativa para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas empresas (PYME).
La directiva exige que las empresas no solo se aseguren de que sus propios proveedores cumplan con las normas de derechos humanos y medio ambiente, sino también que los proveedores de sus proveedores lo hagan, lo cual resulta prácticamente imposible de controlar, especialmente cuando se consideran las cadenas de suministro globales, complejas y fragmentadas.
El Impacto Negativo de la Directiva sobre las Empresas Europeas
La imposición de esta normativa genera una serie de desafíos y riesgos para las empresas europeas que amenazan su viabilidad y competitividad en el mercado global.
En primer lugar, la responsabilidad civil establecida por la directiva es desproporcionada. Exigir a las empresas que sean responsables por los incumplimientos que ocurran en sus cadenas de suministro a escala global es impracticable. Las empresas europeas se encuentran en una posición de vulnerabilidad, ya que son responsables por las acciones de una gran cantidad de proveedores, muchos de ellos ubicados en países con marcos legales y de control menos estrictos. Esto crea un riesgo enorme para las empresas europeas, que se enfrentan a la posibilidad de ser demandadas por acciones que no pueden controlar completamente.
En segundo lugar, la directiva ignora las realidades del comercio global. La globalización ha dado lugar a cadenas de suministro cada vez más complejas, con proveedores ubicados en diferentes países con diferentes normas y estándares. El coste de llevar a cabo la diligencia debida en una cadena de suministro global es prohibitivo, especialmente para las PYME. En muchos casos, la complejidad de las cadenas de suministro hace que sea prácticamente imposible verificar que todos los proveedores cumplan con las normas de derechos humanos y medio ambiente.
Por último, la directiva podría contribuir a la deslocalización de la producción de países emergentes, ya que las empresas se verán obligadas a buscar proveedores en países con marcos legales menos estrictos para evitar la responsabilidad legal. Además, la posibilidad de que se produzcan represalias o penalizaciones por parte de los países en los que las empresas europeas deben supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas genera un riesgo adicional para las empresas.
Hacia un Marco Regulatorio Más Realista y Eficaz
Es necesario un enfoque más realista y equilibrado en la regulación de la diligencia debida en las cadenas de suministro. La directiva actual genera más problemas de los que resuelve, y su implementación podría tener un impacto negativo significativo en la economía de la UE.
En lugar de imponer un marco rígido y complejo, se debería considerar un enfoque más flexible y adaptable a la realidad del comercio global. Las empresas deben ser guiadas y apoyadas en sus esfuerzos por asegurar prácticas responsables en sus cadenas de suministro, pero sin que esto implique una responsabilidad legal excesiva e impracticable.
Es fundamental que la UE se centre en la colaboración con los países en desarrollo para mejorar los estándares de derechos humanos y medio ambiente en sus cadenas de suministro. Además, se debe proporcionar apoyo financiero y técnico a las empresas para que puedan implementar prácticas de diligencia debida de manera efectiva.
La directiva actual sobre diligencia debida en las cadenas de suministro amenaza con dañar la competitividad de las empresas europeas y socavar la economía de la UE. Es necesario un enfoque más pragmático y realista para garantizar que las empresas puedan operar en un entorno global sin verse abrumadas por una carga regulatoria excesiva e impracticable.
