La industria textil ha sido un pilar fundamental de la economía española durante décadas, pero lamentablemente, algunas de estas empresas históricas se han visto obligadas a cerrar sus puertas debido a una combinación de factores económicos y políticos. Tal es el caso de la emblemática fábrica de Marie Claire, cuyo futuro ha sido objeto de un intenso debate entre el Gobierno de la Comunidad Valenciana y el Gobierno central.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Valenciana, Nuria Montes, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el responsable del cierre de esta fábrica centenaria. Según Montes, el Gobierno central, a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha bloqueado la venta de la empresa a un comprador interesado, lo que habría permitido la continuidad de la actividad productiva.
La Lucha por la Supervivencia de Marie Claire
Durante los últimos años, la fábrica de Marie Claire ha atravesado por una serie de dificultades que han puesto en riesgo su viabilidad. Tras la llegada del Gobierno del Botànic en 2015, la empresa contaba con 720 trabajadores, pero a través de diversos expedientes de regulación de empleo, el número de empleados se ha reducido drásticamente, quedando en solo 72 en la actualidad.
Para intentar garantizar la viabilidad de la empresa, la Generalitat Valenciana ha realizado diversas aportaciones financieras. En 2019, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) proporcionó 2,5 millones de euros a la compañía. Posteriormente, en 2021 y 2022, se otorgaron préstamos adicionales por un total de 12 millones de euros a través de Fininval. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la situación de Marie Claire siguió deteriorándose hasta que, en mayo de 2023, la empresa entró en concurso de acreedores.
La Batalla por la Venta de la Empresa
Ante esta situación, en abril de 2023 surgió una oferta de compra de la empresa por parte de C2 Private Capital, aunque la Conselleria expresó dudas sobre su viabilidad. En cambio, la oferta de For Men SA fue valorada positivamente por el administrador concursal y la representación legal de los trabajadores, así como por el Consell de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, la consumación de esta venta se vio frustrada por la oposición del Fogasa, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y del Gobierno central. Según Nuria Montes, el Fogasa ejerció su derecho a veto por un importe de 1,2 millones de euros, bloqueando así la operación de compra que habría permitido la continuidad de la actividad productiva de la fábrica.
La consellera ha denunciado que el Gobierno central, a través del Partido Socialista, está intentando desviar la atención y culpar a la Generalitat Valenciana por la situación de Marie Claire, cuando en realidad el verdadero responsable del cierre de esta empresa centenaria sería el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
