La industria automotriz en España se enfrenta a un momento crucial, y la situación de la planta de Ford en Almussafes, Valencia, es un claro ejemplo de ello. Ante la necesidad de reestructurar la plantilla, la dirección de la multinacional y los sindicatos han entrado en un proceso de negociación que parece estar dando frutos.
En esta coyuntura, el papel de los sindicatos y las administraciones públicas resulta fundamental para encontrar soluciones que permitan preservar el empleo y asegurar la continuidad de la actividad económica que genera esta importante fábrica en la Comunidad Valenciana.
UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LAS NEGOCIACIONES
Según el comunicado del sindicato mayoritario, UGT, las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) han atravesado «un punto de inflexión» tras la última reunión celebrada. La dirección de Ford ha acudido a la mesa de negociación «con otro talante» y con una «disposición total de buscar todas las alternativas posibles» para mantener los 1.000 empleos durante los próximos tres años, hasta el lanzamiento del nuevo vehículo multienergía en 2027.
Esta actitud conciliadora de la empresa ha sido valorada de manera positiva por el sindicato, que destaca la «sensibilidad» tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico a la hora de participar en la búsqueda de soluciones. Según UGT, ambas administraciones han demostrado desde el primer momento su «disponibilidad para solucionar esta transición» y «asegurar la futura actividad económica» de la fábrica.
En cuanto al excedente estructural de 626 trabajadores, la empresa se ha comprometido a presentar una propuesta concreta en la próxima reunión, que tendrá lugar el próximo martes. UGT ha resaltado que van «en la dirección que marcó nuestra Asamblea, y por lo tanto, estamos avanzando hacia la solución».
EL APOYO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Paralelamente a las negociaciones, el sindicato STM-Intersindical Valenciana se reunió con los dos grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno (PSOE y Sumar) y con otros seis grupos y partidos del Congreso para explicarles la situación de la planta de Ford y de la industria de la automoción en la Comunidad Valenciana.
Tras esta reunión, Sumar, ERC, EH-Bildu, BNG, Compromís, Izquierda Unida y Podemos firmaron una resolución en la que exigen a la dirección de Ford Almussafes que «asuma su responsabilidad y su deuda con el pueblo valenciano y también con su plantilla» cumpliendo con las «inversiones comprometidas» y garantizando el empleo y el futuro de la compañía.
Además, el sindicato STM-Intersindical Valenciana ha manifestado su rechazo a que se utilicen «las multimillonarias ayudas públicas, que deberían estar destinadas a la protección del empleo, para pagar indemnizaciones por despidos». En su lugar, reclama que Ford «renuncie a los nuevos despidos que plantea y que atienda otras soluciones que le planteamos la parte social».
PRESERVAR EL EMPLEO A TRAVÉS DE SOLUCIONES CONSENSUADAS
Para el sindicato UGT, las «mínimas salidas que se pudieran producir» deben ser «absolutamente voluntarias y a través de ‘prejubilaciones’ para mayores de 53 años», tal y como se había pactado anteriormente. Para el resto de la plantilla, con la colaboración e implicación de las administraciones, pide «posibilitar mecanismos que ya existen» y pactar «una solución que garantice su permanencia en fábrica y sin pérdida salarial».
En esta línea, el papel de los sindicatos y las administraciones públicas resulta clave para encontrar soluciones consensuadas que permitan preservar el empleo en la planta de Ford Almussafes. La disposición de la empresa a buscar alternativas, junto con la sensibilidad mostrada por los diferentes niveles de gobierno, parecen indicar que se está avanzando en la dirección correcta para asegurar el futuro de esta importante industria en la Comunidad Valenciana.
