La justicia española ha dado un nuevo paso para proteger a los productores lácteos. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) contra el Real Decreto 374/2022, que obliga a que el precio pactado en los contratos del sector lácteo cubra el coste de producción.
Esta decisión judicial sienta un precedente importante, pues confirma la legitimidad de una medida que busca garantizar la sostenibilidad del sector lácteo y la protección de los productores, quienes a menudo se encuentran en una posición desfavorable en la cadena de valor.
La medida del coste de producción: un paso hacia la justicia en la cadena láctea
La norma en cuestión, que establece la obligatoriedad del coste de producción en los contratos lácteos, ha sido objeto de controversia por parte de algunos actores del sector. Fenil argumentaba que dicha medida suponía una restricción a la libertad de las partes para fijar el precio de los contratos, violando el Derecho de la Unión Europea.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha defendido la legalidad y la proporcionalidad de esta normativa, basándose en la necesidad de evitar prácticas desleales en un sector donde la vulnerabilidad de los productores es una realidad. La atomización de los agentes en la cadena láctea, junto al carácter perecedero y no almacenable de la leche, genera un desequilibrio en las negociaciones, dejando a los productores en una posición débil.
La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que la medida del coste de producción es un instrumento eficaz para fortalecer el poder de negociación de los productores, permitiendo un reequilibrio en la cadena láctea y promoviendo una competencia justa. El objetivo final es garantizar una libertad de negociación real y una competencia efectiva, permitiendo que los productores de leche alcancen un nivel de vida equitativo, un objetivo respaldado tanto por el Derecho europeo como por la Constitución española.
Impacto positivo en la cadena láctea y la sostenibilidad del sector
La decisión del Tribunal Supremo es un paso fundamental para la construcción de una cadena láctea más justa y sostenible. La obligatoriedad del coste de producción en los contratos lácteos no solo protege a los productores, sino que también tiene un impacto positivo en la cadena de valor, impulsando un desarrollo sostenible del sector.
Al asegurar que los productores reciban un precio justo por su trabajo, se fomenta la inversión en mejoras tecnológicas, la adopción de prácticas sostenibles y la innovación en la producción láctea. Esto se traduce en una mejor calidad de los productos, una mayor seguridad alimentaria y una mayor competitividad del sector lácteo español a nivel internacional.
En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo sienta un precedente importante en la lucha por la justicia en la cadena láctea, garantizando la sostenibilidad del sector y el bienestar de los productores, quienes juegan un papel fundamental en la alimentación de la población.
