La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha exigido que los gobiernos implementen diversas medidas para amortiguar el impacto sobre los ciudadanos y las empresas. En este contexto, el Gobierno español ha decidido prorrogar gran parte del ‘escudo social’ vigente en materia energética, con el objetivo de continuar protegiendo a los colectivos más vulnerables.
Una de las principales decisiones adoptadas ha sido la extensión de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. Esto implica que los consumidores vulnerables seguirán beneficiándose de un descuento del 65%, mientras que los consumidores vulnerables severos disfrutarán de un 80% de descuento y los hogares trabajadores con bajos ingresos mantendrán un 40% de descuento. Asimismo, se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago, hasta finales de este año.
Tarifa de Último Recurso (TUR) de Gas para Comunidades de Vecinos
Otra medida importante adoptada por el Gobierno ha sido conceder el carácter indefinido a la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para las comunidades de vecinos. Esta tarifa, que entró en vigor en octubre de 2022, tiene como objetivo aliviar la carga económica de las comunidades de vecinos con calderas comunitarias de gas natural, en un momento de crisis energética.
La TUR de gas es una tarifa regulada y controlada por el Gobierno que ofrece un precio más asequible a las comunidades de vecinos, evitando que tengan que hacer frente a los altos costos del mercado mayorista. Al conceder el carácter indefinido a esta medida, el Gobierno busca brindar estabilidad y seguridad a las comunidades de vecinos, permitiéndoles planificar a largo plazo y hacer frente a los desafíos energéticos de manera sostenible.
Retirada Gradual de la Rebaja de Impuestos
En cuanto a la rebaja de impuestos sobre la electricidad y el gas natural, el Gobierno ya había acordado una retirada gradual de estas medidas. En el caso de la luz, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situó en el 10% durante todo 2024, siempre y cuando el precio medio aritmético del mercado diario superara los 45 euros/MWh en el mes anterior de facturación. Esto ha llevado a soportar un IVA del 21% en los recibos de la luz de los últimos meses debido a los bajos precios registrados en el mercado mayorista de la electricidad, aunque el tipo volverá a ser del 10% a partir de junio de este año.
Asimismo, se acordó que el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estaría en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tuviera un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener ya un 5,25% hasta junio. En el caso de los suministros de gas natural, el IVA estuvo en el 10% durante los primeros tres meses de 2024, volviendo ya así desde abril a su nivel habitual.
Prórroga de Ayudas a Empresas Gasintensivas
Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado ampliar seis meses más el plazo para que las empresas gasintensivas receptoras de ayudas públicas puedan demostrar el cumplimiento del plazo efectivo de pago a sus proveedores. Estas ayudas se otorgaron el año pasado para compensar el aumento excepcional de los precios del gas natural en 2022, con un total de 450 millones de euros destinados a 445 empresas industriales, de las cuales 70 millones fueron para empresas azulejeras.
La prórroga de este plazo hasta finales de 2024 busca dar más tiempo a las empresas gasintensivas para cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, que estipula que los pagos deben completarse en un periodo máximo de 60 días. Esta medida responde a un compromiso adquirido por el Gobierno y refleja su compromiso por apoyar a estos sectores industriales, que han sido especialmente afectados por la crisis energética.
En resumen, el Gobierno español ha decidido prorrogar gran parte de las medidas de apoyo energético implementadas previamente, con el objetivo de continuar protegiendo a los colectivos más vulnerables, otorgar estabilidad a las comunidades de vecinos y dar más tiempo a las empresas gasintensivas para hacer frente a los desafíos planteados por la crisis energética. Estas decisiones reflejan el compromiso del Gobierno por mitigar los impactos de la crisis y apoyar a los diferentes sectores y colectivos afectados.
