La crisis de la vivienda en España es un problema complejo que requiere soluciones integrales y a largo plazo. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han realizado un análisis exhaustivo de la situación y han propuesto una serie de medidas para abordar esta problemática. En este artículo, exploraremos las principales recomendaciones de estos expertos y analizaremos cómo podrían impactar en la mejora del acceso a la vivienda en nuestro país.
Es importante destacar que la crisis de la vivienda no es un fenómeno aislado, sino que está estrechamente relacionado con la estructura tributaria, la regulación del mercado inmobiliario y la falta de una política de vivienda a largo plazo. Por lo tanto, las soluciones propuestas por Fedea y el CGE abordan estos aspectos de manera integral, buscando generar un cambio estructural en el modelo de acceso a la vivienda.
ABANDONAR EL INTERVENCIONISMO PARA FOMENTAR LA OFERTA
Uno de los principales puntos de crítica de Fedea y el CGE es la Ley de Vivienda, la cual consideran que no ha logrado reducir los precios ni aumentar la oferta de vivienda. Por el contrario, estas medidas de intervención han provocado que parte de la oferta se haya desplazado hacia otras modalidades de alquiler, como el alquiler de temporada o por habitaciones.
Los expertos señalan que la tarea de atender las necesidades de los más vulnerables no debe recaer únicamente sobre los operadores privados, sino que debe ser una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. Ante la falta de incentivos y protección, los propietarios tienden a abandonar el mercado, lo que reduce aún más la oferta y aumenta los precios.
En este sentido, Fedea y el CGE proponen abandonar el intervencionismo y recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda. Esto implicaría derogar las limitaciones de plazo y otras condiciones contractuales que restringen el mercado y excluyen a los arrendatarios más vulnerables.
Además, los expertos abogan por restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad, tanto en lo relativo a las limitaciones administrativas para la promoción y construcción, como en materia de ocupación ilegal y desahucio. Estos cambios, aunados a un sistema de ayudas para alquileres o acceso a vivienda social para familias vulnerables, podrían contribuir a reactivar la oferta y mejorar el acceso a la vivienda.
RACIONALIZAR LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA Y PROMOVER LA VIVIENDA ASEQUIBLE
Otro aspecto clave identificado por Fedea y el CGE es la estructura tributaria del sector de la vivienda en España. Según los expertos, la tributación recae en gran medida sobre las transmisiones y no tanto sobre la tenencia, lo que consideran un «disparate» y un freno a la movilidad de los ciudadanos.
Los expertos proponen «racionalizar la estructura tributaria» para reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones. De esta manera, se busca incentivar la inversión y la oferta de vivienda, lo que a su vez podría incidir en una mayor asequibilidad.
Además, Fedea y el CGE resaltan la necesidad de que las administraciones destinen más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público de alquiler. Actualmente, España carece de un parque significativo de vivienda social pública, a diferencia de otros países europeos.
Los expertos señalan que un gran parque de vivienda social en alquiler sería fundamental para facilitar el acceso a la vivienda de una parte importante de la población que difícilmente puede hacerlo en condiciones de mercado. Además, sugieren proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible.
RETOMAR LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO Y FLEXIBILIZAR EL URBANISMO
Fedea y el CGE también han hecho hincapié en la importancia de retomar el proyecto de Ley del Suelo para evitar la paralización de los planes urbanísticos, simplificar y agilizar el urbanismo, y «acortar drásticamente» los plazos para urbanizar y edificar.
Estos expertos consideran que la agilización y simplificación de los procesos urbanísticos abarataría y agilizaría la construcción de nuevas viviendas, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la oferta y, por tanto, en la asequibilidad.
Además, Fedea y el CGE se han mostrado a favor de que cada comunidad autónoma pueda adoptar reglas diferentes, adaptadas a su idiosincrasia económica y política, de modo que se puedan observar qué regulaciones funcionan mejor.
Las propuestas de Fedea y el CGE apuntan a la necesidad de abandonar el intervencionismo excesivo, racionalizar la estructura tributaria, fomentar la vivienda asequible y flexibilizar el urbanismo. Estas medidas, aplicadas de manera integral y a largo plazo, podrían contribuir a generar un cambio estructural en el acceso a la vivienda en España, beneficiando a todos los ciudadanos.
