La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio realizado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que alerta sobre los «rasgos de abuso» en la prestación por incapacidad temporal (IT) por parte de los beneficiarios, así como de problemas administrativos y de configuración legal que favorecen el crecimiento «perverso» del gasto.
Según el informe, en los últimos cinco años, las pensiones contributivas del sistema han aumentado un 32,8% a precios corrientes, un porcentaje inferior al crecimiento de las cotizaciones sociales si se incluyen las nuevas cotizaciones de solidaridad. Sin embargo, el gasto en prestaciones económicas derivadas de situaciones de IT motivadas por enfermedad común ha crecido un 91,6%, mientras la población atendida por el régimen prestacional ha crecido alrededor de un 10%.
El Abuso de la Incapacidad Temporal como «Prestación Refugio»
El estudio señala que la cultura del abuso en prestaciones sociales partiría, en el caso de la IT, de su característica privilegiada como una «prestación refugio. A diferencia de la prestación por desempleo, cuyo cobro se produce después de la pérdida del puesto de trabajo, la prestación de incapacidad temporal supone de facto una protección mayor del mismo. Además, su concesión puede determinarse por un profesional sin formación legal, ajeno a los procedimientos legales, y al que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabe exigir responsabilidad alguna en función de su criterio, a no ser que sus decisiones estén tan groseramente faltas de motivación que sean imposibles de defender no en términos legales, sino meramente racionales.
Para Octavio Granado, el sistema de protección social debe atender más a la capacidad alta o baja que las personas poseen antes que a la incapacidad para determinar su actuación. Debe promover los cambios que permitan a las personas en la edad de vida activa que se determine socialmente continuar en el mercado de trabajo, no buscar sistemáticamente atajos que les retiren del mismo, por negarse a prevenir riesgos laborales conocidos, no cambiar sus condiciones de trabajo, su jornada o los factores negativos que deterioran su situación.
Medidas para Abordar el Problema de la Incapacidad Temporal
El informe plantea diversas medidas para abordar el problema de la IT, entre ellas, establecer un recargo en la cotización para las empresas que complementen hasta el 100% las remuneraciones de los empleados en situación de IT por enfermedad común. Según el estudio, esta medida legal haría que estos beneficios desaparecieran rápidamente de la negociación colectiva.
Además, Granado insiste en que no puede resultar más atractivo estar fuera de la actividad laboral que dentro de la misma. Por ello, propone establecer prestaciones de IT parciales, compatibles con el desarrollo de parte de la jornada, bien en momentos de recuperación, o incluso bien desde el inicio. Esto, según el autor, atenuaría los efectos de la IT, especialmente para los casos en los que la renta salarial de la persona en situación de IT es el único sostenimiento de la unidad familiar.
Por último, el estudio señala que la configuración de la prestación debería realizarse partiendo de la base de que si no existe una enfermedad crónica, la multiplicación de situaciones de incapacidad temporal debe suponer una disminución de la cantidad percibida. Asimismo, defiende que la normativa debería primar en todo caso el derecho a la recolocación, siendo la salida del mercado de trabajo la última solución a aplicar.
El informe de Fedea pone de manifiesto un problema grave en el sistema de prestaciones por incapacidad temporal, con rasgos de abuso y un crecimiento descontrolado del gasto, lo que hace necesario implementar medidas correctoras que eviten que estar de baja se convierta en una opción más rentable que trabajar.
