La necesidad de una fiscalidad ambiental eficiente en España se vuelve cada vez más urgente. Ante el panorama actual de políticas fragmentadas y una gestión dispersa de los impuestos medioambientales, el Consejo General de Economistas propone la creación de un marco normativo a nivel estatal que impulse la eficiencia y la coherencia en la gestión de estos tributos.
Este marco normativo permitiría una mayor coordinación entre las comunidades autónomas, evitando la competencia desleal que surge cuando cada región implementa políticas dispares. Aunque la gestión y recaudación de los impuestos podrían seguir siendo responsabilidad de las comunidades autónomas, la recaudación centralizada garantizaría una mayor coherencia y un mejor control de las políticas medioambientales.
Hacia una Reforma Tributaria Verde en España
El estudio ‘Fiscalidad Ambiental en España’ destaca la necesidad de una reforma tributaria integral que reconfigure la fiscalidad ambiental para que se alinee con los objetivos de descarbonización y protección del entorno. Es necesario que la fiscalidad ambiental se convierta en una herramienta de cambio de comportamiento, incentivando prácticas sostenibles y penalizando la contaminación.
El impuesto sobre el carbono es un ejemplo claro de imposición con una afinidad principalmente medioambiental. Su aplicación, sin embargo, debe ser estratégica, introducida de forma sustitutiva a otros impuestos y con un enfoque temporal, hasta que se logren los objetivos de reducción de emisiones.
Un Solo Impuesto para la Circulación y Propiedad de Vehículos
El estudio también plantea la necesidad de un único impuesto sobre el transporte que reemplace los diversos impuestos que gravan la circulación o la propiedad de los vehículos. La actual fragmentación de la normativa, con diferentes impuestos gestionados por distintos niveles de gobierno, genera ineficiencias y dificulta la implementación de políticas coherentes en materia de emisiones.
La propuesta de un único impuesto sobre el transporte busca simplificar la normativa y facilitar la gestión de la fiscalidad ambiental en el sector del transporte. Un solo tributo permitiría generar incentivos claros para el desarrollo de tecnologías limpias y la reducción de las emisiones de CO2, independientemente de la ubicación geográfica.
Esta medida permitiría a las autoridades centrar sus esfuerzos en la promoción de alternativas de transporte sostenible y la reducción de la huella de carbono del sector, en lugar de dedicarse a gestionar un complejo sistema de impuestos fragmentados.