Son 511 millones de dólares (475 millones de euros) lo que se juega Enagás en el conflicto que le enfrenta con Lima desde que en 2018 el proyecto de Gasoducto Sur Peruano (GSP) se fue al garete, llevándose con él la inversión de la gasística española. Está previsto que antes de que acabe el presente mes, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emita el laudo que ponga fin a la cuestión, que ya lleva seis años en la ‘nevera’.
El GSP iba a ser un conducto de más de 1.000 kilómetros de largo destinado a transportar gas desde Las Malvinas, en el suroeste de Perú, hasta la costa de Arequipa, atravesando los Andes. Enagás era propietaria del 25% del consorcio encargado de construirlo, participado también en un 55% por la constructora brasileña Odebrecht. Ésta se vio envuelta en un turbio caso de corrupción y sobornos a funcionarios públicos en varios países, lo que finalmente llevó al Estado peruano a paralizar el desarrollo en 2017, dejando ‘en tierra de nadie’, los fondos que la empresa española había transferido al mismo.
En un principio, Enagás intentó hacer valer sus intereses por la vía del diálogo, solicitando en diciembre de ese mismo año «el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso». Al no obtener resultados los contactos con Lima, la compañía liderada por Arturo Gonzalo optó por acudir al Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial (BM) y encargado de resolver extrajudicialmente los conflictos entre mercantiles y países.
EL CONFLICTO CON PERÚ
Enagás reclama al Gobierno peruano recuperar la inversión realizada en el GSP antes de que se cancelase la infraestructura, como estipula la cláusula 20 del contrato que regulaba el proyecto.
En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Enagás aseguró a principios de este año que, «de acuerdo con las indicaciones del Tribunal Arbitral», la elaboración del laudo «se encuentra en un estado avanzado y se espera que el mismo se emita durante el primer semestre de 2024».
A algo más de una semana de que se cumpla ese plazo, el mercado ya ha empezado a mostrar ‘picores’ ante la inminencia del dictamen. En los últimos días, los inversores bajistas han reforzado sus participaciones en el accionariado de Enagás, elevando las posiciones cortas al 5,47% del capital del grupo.
los 475 millones de euros que reclama eNAGÁS al Estado peruano cubrirían casi por completo lOS 550 ‘KILOS’ que el grupo tiene previsto destinar a inversiones ENTRE 2024 Y 2026
Normalmente, que los bajistas intensifiquen su actividad no indica nada bueno para una mercantil, ya que significa que apuestan contra las subidas en su cotización. Sin embargo, Enagás se muestra optimista respecto al contenido del laudo: a través de su CEO, Arturo Gonzalo, la gasística ha manifestado en varias ocasiones que el proceso de arbitraje abierto con Perú desembocará en un laudo favorable, manteniéndose el derecho de cobro por el 100%, aunque diferido en varios pagos. Se espera percibir un importe de unos 236 millones de euros entre 2027 y 2030 y el resto más adelante.
ENAGÁS SE JUEGA MUCHO EN EL ENVITE
Recuperar el dinero perdido en el fiasco del GSP le vendría de perlas a la compañía. Para muestra, un botón: los 475 millones de euros que reclama al Estado peruano que casi equivale a la cantidad que el grupo tiene previsto destinar a inversiones en ese mismo período (550 ‘kilos’).
Por otro lado, Enagás -que a la sazón ostenta el puesto de gestor oficial del sistema gasístico español- se enfrenta a una etapa muy intensa en el desarrollo de infraestructuras. Durante la presentación de los resultados 2023 de la compañía, Gonzalo anunció que la cantidad que destinará a financiar la red de hidrógeno renovable ascenderá a 3.200 millones de euros, lo que casi multiplica por cinco los 700 millones previstos inicialmente.
Esos 3.200 ‘kilos’, explicó Gonzalo, no son más que una estimación aproximada que presume unas ayudas públicas del entorno del 40%. Los cálculos de la gasística, por tanto, llevan la inversión total en España para la red de hidrógeno a 5.900 millones de euros, en los que se incluyen los gastos derivados del desarrollo de H2Med, la gran arteria de transporte del hidrógeno renovable en Europa occidental.
Para acometer las inversiones previstas en infraestructuras de hidrógeno, la empresa debe reforzar su balance. Por consiguiente, además del control de costes operativos y financieros y la política de rotación de activos, la cúpula de la empresa ha aprobado establecer un dividendo «sostenible» de un euro por acción en el periodo 2024-2026. Esto significa que los inversores sufrirán un recorte del 42,5% en su remuneración.
Enagás presentará una actualización de su plan estratégico en el segundo semestre del año, en la que incluirá una visión de «nuevos negocios», como las necesidades de infraestructura para amoniaco renovable y CO2, en los que la compañía considera que «va a jugar un papel protagonista», según anunció Gonzalo en abril.
