La Empresa Vodafone es una de las operadoras de telecomunicaciones más importantes en España. Recientemente, el fondo británico Zegona, que gestiona el negocio de la empresa en España desde principios de este mes, ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, el 36,7% de la plantilla. Esta situación ha generado una gran preocupación social, ya que aproximadamente 500 personas de más de 54 años se pueden ver afectadas, y en términos de empleo indirecto, hasta 14.000 puestos de trabajo se ponen en riesgo.
Ante esta situación, el grupo político Sumar ha propuesto en el Congreso revisar los contratos públicos que Vodafone tenga con la Administración General del Estado. Esto se debe a que la Ley de Contratos del Sector Público establece la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato, y permite a los órganos de contratación rechazar las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Contratos Públicos de Vodafone con el Gobierno Español
Los diputados de Sumar han solicitado información sobre los contratos y ayudas que Vodafone tiene actualmente con la Administración General del Estado. Específicamente, quieren saber qué contratos y por qué cuantía tiene la empresa, así como si ha recibido ayudas ligadas a los fondos europeos.
Además, los diputados preguntan si los contratos de Vodafone incluyen cláusulas sociales y de cumplimiento de obligaciones laborales, medioambientales y sociales. Esto es crucial, ya que la ley permite a los órganos de contratación rechazar ofertas que no cumplan con estas obligaciones.
Posibles Consecuencias y Medidas a Adoptar
El grupo de Sumar también se interesa por saber si, a consecuencia del despido, la calidad del servicio de Vodafone con las entidades públicas se vería afectada. Esto es relevante, ya que el Gobierno debería tomar medidas para garantizar la continuidad y calidad de los servicios prestados.
Asimismo, los diputados preguntan si el Gobierno considera positiva la reducción del número de operadores en el mercado de las comunicaciones en España durante los últimos años. Esta consolidación del sector podría tener implicaciones en la competencia y la calidad del servicio.
La revisión de los contratos públicos de Vodafone y el análisis de las ayudas recibidas por la empresa, así como las medidas a adoptar ante la posible afectación de la calidad del servicio, son temas de gran relevancia que el Gobierno deberá abordar con detenimiento. La protección del empleo y la garantía de la prestación de servicios públicos son cruciales en este contexto.
