La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto una vez más en evidencia el grave problema que representa el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas. Este fenómeno ha sido recurrente a lo largo de la última década, dejando a miles de trabajadores públicos en una situación de inseguridad laboral y desamparo.
El sindicato CSIF, que representa a funcionarios y empleados públicos, ha denunciado firmemente esta situación, manifestando su solidaridad y comprensión con todas las personas afectadas. Ahora corresponde a los tribunales españoles determinar las medidas sancionadoras que deben imponerse a las administraciones, siempre que estas no contravengan el Derecho nacional.
La sentencia del TJUE ha puesto de manifiesto un problema estructural en las administraciones públicas españolas, que ha dejado a miles de trabajadores públicos en una situación de desamparo durante años. CSIF ha exigido medidas urgentes y contundentes para abordar este abuso de la temporalidad, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y los derechos de los empleados públicos.
EL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Según el análisis del sindicato CSIF, la tasa de reposición de vacantes impuesta por el Gobierno ha impedido a las administraciones convocar ofertas de empleo público de manera oportuna. Esto ha llevado a las diferentes administraciones a abusar de la contratación temporal, dejando a miles de trabajadores públicos en una situación de inseguridad laboral.
La ley establece plazos claros para la convocatoria de procesos selectivos y la reducción de la tasa de interinidad. Sin embargo, el sindicato CSIF denuncia que el Gobierno y las administraciones no están aplicando estas normas de manera adecuada. Esto ha provocado que decenas de miles de plazas permanezcan sin cubrir desde el año 2020, y que la mayoría de las personas que aprobaron los concursos de 2023 aún estén esperando su designación, debido a los retrasos en los plazos.
Para el sindicato CSIF, esta situación es inadmisible y pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de reducir la interinidad al 8% a finales de este año, tal y como exige Bruselas. Por ello, reclaman la eliminación inmediata de la tasa de reposición de vacantes, para que las administraciones puedan planificar sus necesidades de manera adecuada, utilizando la contratación temporal solo de forma excepcional.
MEDIDAS PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA TEMPORALIDAD
Ante esta problemática, el sindicato CSIF ha presentado una serie de medidas que consideran necesarias para abordar el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
En primer lugar, CSIF exige agilizar los procesos selectivos, dotando a las administraciones de los medios materiales y humanos necesarios para cumplir con los plazos establecidos por la ley. Asimismo, reclaman la introducción de sanciones ejemplares a aquellas administraciones y responsables administrativos que incumplan la normativa vigente.
Además, CSIF ha advertido que llevará a los tribunales a todas las administraciones que incumplan los plazos y no cumplan con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad al 8% a finales de este año. El sindicato se ha comprometido a ser implacable en la defensa de los derechos de los trabajadores públicos afectados por esta situación de abuso.
