La Unión Europea (UE) está tomando medidas para proteger a su industria automotriz al imponer aranceles sobre las importaciones de vehículos eléctricos de batería (BEV) provenientes de China. Estos nuevos aranceles, que rondarían el 25%, generarían más de 2.000 millones de euros al año en recaudación para el bloque europeo.
La decisión de la UE de aplicar estos aranceles se produce a pesar de las advertencias de algunos países miembro, como Alemania, que temen desencadenar una guerra comercial con Pekín. Sin embargo, otros países como Francia y España apoyan la medida, argumentando que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se benefician de subsidios que socavan a sus rivales europeos.
La Implementación de los Nuevos Aranceles
La Comisión Europea notificará a los fabricantes de automóviles este miércoles que aplicará provisionalmente aranceles adicionales de hasta el 25% a los vehículos eléctricos chinos importados a partir del próximo mes. Estos aranceles se sumarían a los existentes del 10% en el bloque.
China ya ha advertido que tomará represalias para persuadir a los países de la UE de que se opongan a los nuevos aranceles. De hecho, Pekín ya está aplicando un arancel del 15% a los vehículos eléctricos europeos. Mientras tanto, Alemania, Suecia y Hungría han expresado su desaprobación de la medida por temor a represalias chinas.
Investigación y Registro de Importaciones
En marzo pasado, la Comisión Europea anunció que estudiaría si impone aranceles con carácter retroactivo a los fabricantes de automóviles de batería eléctrica procedentes de China tras observar importaciones «masivas» de casi 200.000 vehículos entre octubre de 2023 y enero de 2024.
A raíz de esta anomalía, el Ejecutivo comunitario decidió, a través de un reglamento de ejecución, registrar desde este miércoles las importaciones de nuevos vehículos eléctricos de batería para pasajeros procedentes de China, en consonancia con las normas establecidas en el reglamento antisubvenciones de la UE.
Este registro permitirá a las aduanas seguir la pista de importaciones específicas tras el inicio de la correspondiente investigación de defensa comercial. Su objetivo es permitir la percepción retroactiva de derechos compensatorios, en caso de que se impongan y se cumplan las condiciones una vez finalizada la investigación.
Según la Comisión Europea, existe el riesgo de que un número creciente de productores de la Unión se vea afectado por la disminución del volumen de ventas y unos niveles de producción reducidos si el nivel de las importaciones a precios supuestamente subvencionados procedentes de China se mantiene como hasta ahora tras el inicio de la investigación. Esto, a su vez, repercutiría negativamente en el empleo y en el rendimiento general de los productores de la UE, lo que constituiría un «perjuicio difícil de reparar».
