En un contexto caracterizado por la proliferación de alquileres turísticos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha delineado las acciones del gobierno para fortalecer la supervisión y regulación de esta modalidad de arrendamiento. En una reciente intervención en el Senado, Rodríguez enfatizó la importancia de dotar a las autoridades autonómicas y locales de las herramientas necesarias para combatir el fraude en el alquiler de temporada.
Desafíos en la gestión del alquiler turístico
Rodríguez señaló la carencia de datos precisos que obstaculiza el enfoque riguroso de las administraciones en esta problemática. Este vacío informativo, identificado por un grupo interinstitucional conformado a raíz de la Ley de Vivienda, evidencia la necesidad de impulsar mecanismos que permitan una mayor eficacia en la supervisión de las actividades de alquiler vacacional.
El grupo de trabajo, compuesto por representantes de diversos ministerios, entidades autonómicas y locales, así como de organizaciones sectoriales, tiene como objetivo primordial encontrar soluciones que aborden los desafíos del sector del alquiler turístico. Desde la evaluación de las competencias gubernamentales hasta la anticipación a la implementación de normativas europeas, se busca garantizar un marco normativo claro y efectivo que favorezca la legalidad en este ámbito.
En sintonía con esta línea de acción, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de las viviendas turísticas. La definición de reglas transparentes y la facilitación de herramientas que habiliten a las autonomías para regular las actividades ilegales en las plataformas de alquiler son aspectos clave para promover un entorno de competencia equitativo y respetuoso con la normativa vigente.
